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Comunicado de prensa

UNICEF advierte que la política de Mano Dura del gobierno Panameño viola flagrantemente la convención sobre los derechos del niño

23 de julio de 2004/ Ciudad de Panamá.- La Oficina Regional de UNICEF para América Latina y Caribe manifiesta su firme oposición a las modificaciones que el Gobierno de Panamá pretende realizar a la Ley 46 de junio de 2003 sobre Responsabilidad Penal de la Adolescencia.

La intención de penalizar y tratar a los adolescentes infractores “como si fueran adultos” es una violación flagrante a la letra y el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño (concretamente los artículos 37 y 40)  firmada y ratificada por la República de Panamá en 1990. En palabras del Director Regional de UNICEF, Nils Kastberg “La CDN y UNICEF no están de acuerdo con una política de mano dura, ni de mano blanda, pero sí con una política de mano justa y sabia. El Estado y la sociedad  panameña  tienen el deber de garantizar el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes para que conjuntamente con los adultos contribuyan al futuro del país con democracia y justicia para todos.”

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados deben de contar con un sistema de justicia especializado, flexible y diverso para juzgar a personas menores de 18 años. Su razón de ser está en que el/la adolescente es una persona en desarrollo que no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en la que vive. En este sentido, lo que verdaderamente caracteriza el derecho penal adolescente es la finalidad educativa y sancionadora, recurriendo a la privación de libertad como último recurso y buscando siempre la reinserción social del adolescente.

El Gobierno de Panamá reconoció en el informe al Comité sobre la Convención sobre los Derechos del Niño el 5 de diciembre de 2003 que “Las estadísticas recogidas durante la última década muestran que la delincuencia juvenil no constituye un problema serio, ya que la mayor parte de los crímenes son cometidos por adultos. Los jóvenes están sobre todo implicados en crímenes contra la propiedad y faltas menores”.  Según estadísticas oficiales, en Panamá los delitos son cometidos principalmente por adultos y no por adolescentes. De cada 10 delitos, 9 son cometidos por adultos y sólo uno por adolescentes. En el caso de delitos graves (homicidio, violación, secuestro, tráfico ilícito de drogas, robo y lesiones personales) de cada 100 delitos, 98 son cometidos por adultos y solamente 2 por adolescentes . Estas cifras no responden por lo tanto a una espiral ascendente de delitos perpetrados por adolescentes sino a una estigmatización y criminalización de los mismos.

Las modificaciones promovidas en los últimos días por el gobierno de Panamá violan los principios básicos de la Convención cuando tratan de equiparar el sistema de justicia penal para adultos y la justicia penal adolescente. Medidas como el aumento de las penas hasta 20 años de cárcel, además de violar los derechos de los adolescentes panameños, no solucionará el problema de violencia que quiere enfrentar el país.

La violencia y la criminalidad están estrechamente ligadas a la inequidad, la exclusión social y la falta de oportunidades. Es imperativo que las políticas públicas sociales resuelvan las causas que originan estos actos delictivos y atacar de esta forma la raíz del problema de violencia que vive tanto la República de Panamá como el resto de la región centroamericana. Defender qué medidas de represión contra niños y adolescentes supondrán un detrimento en los niveles de violencia implica la reducción de derechos reconocidos a la población y por lo tanto un retroceso en la consolidación de Panamá como un Estado democrático.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia respeta la soberanía de los Estados y las decisiones que tomen respecto a la forma de atender las necesidades de su población; sin embargo es mandato de UNICEF apoyar a los Estados para que la población infantil viva en las mejores condiciones posibles para garantizar el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, futuros ciudadanos de nuestros países.

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Para más información:

Maria Blanco, Área de Comunicación de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y Caribe, tel: 00507 315 74 85


 

 

 

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