Haití

Contexto

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Los mapas en este sitio no reflejan ninguna toma de posición por parte del UNICEF con relación a la situación jurídica de ningún país o territorio ni el reconocimiento de ninguna frontera.

Haití ha sufrido los efectos de la violencia política durante la mayor parte de su historia. En el contexto de una inestabilidad económica y política extremas, la vulnerabilidad de la infancia y las mujeres aumentó de manera considerable, limitando las posibilidades de alcanzar las metas establecidas en la Declaración del Milenio and the Sesión Especial en favor de la Infancia.

El acceso a la educación se vio afectado por una subida en los costos de escolarización. Alrededor de un 60% de los hogares rurales sufren una inseguridad alimentaria crónica, y un 20% son extremadamente vulnerables. Se calcula que un 32% de los hogares en las zonas urbanas sufren inseguridad alimentaria de manera cotidiana, y un 26% sufre esta inseguridad de manera frecuente.

El pronunciado debilitamiento de las instituciones del Estado y la inactividad del Parlamento obstaculizó el desarrollo de políticas o la planificación estratégica para infancia. La inseguridad impidió al UNICEF o a sus aliados acceder a los sitios donde se llevaban a cabo los proyectos e interrumpió la planificación y las actividades de seguimiento. Las tendencias negativas en materia de salud, nutrición y bienestar entre la población haitiana incrementó el número de niños, niñas y mujeres vulnerables. 

Prioridades del UNICEF

El trabajo del UNICEF comprende cinco programas:

•  El programa de salud y nutrición (centrado en los niños y niñas de 0 a 6 años de edad), incluye la promoción del amamantamiento, la inmunización, la mejora en las prácticas de alimentación, micronutrientes y la Gestión Integrada de las Enfermedades de la Infancia. 
•  Los programas para los adolescentes y los jóvenes se centrarán en la salud preventiva y de la reproducción, inclusive la prevención y el control del VIH/SIDA. La prestación de información y atención primaria de la salud se centra en el cuidado antenatal, la salud de la maternidad y una maternidad sin riesgos.
• En el programa de educación básica y atención y desarrollo durante la primera infancia, el grupo de edad de 0 a 6 años se beneficiará de un aumento en la atención y la estimulación, con un hincapié en los modelos de bajo costo para influir en las iniciativas para los pobres y las iniciativas gestionadas por la comunidad. Las medidas para los niños y niñas de 7 a 12 años se centrarán en la creación de escuelas acogedoras para la infancia, con un hincapié en la mejora en la calidad, la retención de las niñas y el acceso a servicios de salud acogedores para la infancia y la adolescencia. El VIH/SIDA será fundamental en la formulación de los planes de estudio y la capacitación de los maestros.
• Las actividades de los programas de protección infantil y juvenil (de 0 a 18 años), se centran en los niños de la calle, los niños y niñas en situación de servidumbre, los huérfanos, los delincuentes juveniles, los huérfanos o los niños y niñas vulnerables debido al VIH/SIDA, las víctimas de desastres naturales y todos aquellos que no fueron inscritos durante su nacimiento. Las actividades incluirán una reforma legislativa, el fortalecimiento institucional, la creación de un registro del nacimiento, acceso a los servicios de salud y educación, promoción de una cultura de derechos, y la integración social de los que sufren exclusión, explotación, violencia y abuso.
• El programa para el fomento de la capacidad, supervisión y evaluación incluye indicadores basados en los derechos de la infancia, investigación y presentación de informes, para disponer de una base que permita que los titulares de deberes rindan cuentas por sus obligaciones hacia la infancia. Se concentrará en fortalecer la capacidad de las instituciones para planificar, gestionar, supervisar y evaluar, así como la capacidad de las familias y las comunidades para respetar y proteger los derechos.
• El programa de promoción, información, comunicación y participación procura fomentar cambios de conducta y movilizar a los aliados de la sociedad civil y a los gobiernos para colaborar en el cumplimiento de los derechos.