Convención sobre los Derechos del Niño

Aplicación

Cumplir las obligaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos

© UNICEF/ HQ05-1582/Pirozzi

Una trabajadora de la salud (derecha) explica el proceso de vacunación contra la poliomielitis en un centro de salud de Egipto. El gobierno de Egipto ha logrado progresos en la reducción de la mortalidad en la primera infancia, con tasas de vacunación de más de un 95% desde 1996.

Convertir en realidad los principios que sustentan los derechos de la infancia exige que los gobiernos tomen medidas y muestren su capacidad de liderazgo. Al ratificar la Convención, los estados se comprometen a tomar "todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos" en la Convención y a presentar informes sobre tales medidas al Comité de los Derechos del Niño, el organismo de expertos encargados de verificar la aplicación de la Convención por parte de los Estados. Para obtener más información sobre el Comité, véase la página “Verificación” en esta sección.

Aunque no existen medidas acertadas o equivocadas en materia de implementación, la Convención debe ser el punto de referencia y la inspiración de las acciones que se tomen en todas las esferas gubernamentales. En sus análisis de los informes de los Estados, el Comité exhorta a todas las esferas gubernamentales a que utilicen la Convención como una pauta para formular políticas y legislar, con el fin de:

• Formular un amplio programa nacional
• Establecer organismos o mecanismos permanentes para promover la coordinación, la verificación y la evaluación de las actividades en todos los sectores gubernamentales.
• Velar porque todas las medidas legislativas sean plenamente compatibles con la Convención mediante su incorporación a las leyes nacionales o asegurando que sus principios tengan preferencia en los casos de conflicto con la legislación nacional.
• Involucrar a los niños en los procesos de formulación de políticas en todas las esferas gubernamentales mediante la realización de una evaluación de los efectos de las medidas sobre los niños.
• Analizar el gasto gubernamental para establecer la proporción de fondos públicos que se emplea en beneficio de la infancia y asegurar que estos recursos se utilicen de manera efectiva.
• Asegurar que se recopila una cantidad suficiente de datos y se utilizan para mejorar la situación de todos los niños en todas las jurisdicciones.
• Concienciar y difundir información sobre la Convención mediante la formación de todas las personas que participan en la formulación de políticas gubernamentales y trabajan con o para los niños.
• Involucrar a la sociedad civil −incluidos los propios niños− en el proceso de aplicar el tratado y concienciar a la opinión pública sobre los derechos de la infancia.
• Establecer por ley oficinas independientes −defensores del pueblo, comisiones u otras instituciones− para promover proteger los derechos de la infancia.