Gestión del Conocimiento

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Derechos de las Menores en Estado de Gestación

© UNICEF/RD/2006/R.Piantini

Por: Dra. Rosalía Sosa Pérez*
Hace algún tiempo que se denuncia en los medios de comunicación la situación de las menores  que han sido expulsadas de las escuelas y  rechazadas por las familias  por encontrarse en estado de gestación.  Estas acciones discriminatorias han  concentrado  la atención de la Secretaría de Estado de Educación Licda. Alejandrina Germán y de la Procuradora Adjunta Marisol Tobar, calificando dichos actos como preocupantes, ya que el Estado dominicano no cuenta con una política clara, situación que ubica a dichas menores en un estado de inseguridad y violatorios de sus derechos fundamentales.

Tomando en cuenta la información reseñada en la prensa escrita, las consultas en los hospitales están desbordados por las adolescentes embarazadas.  En la  zona rural, por ejemplo, en el hospital de Nizao se ha reportado 96 menores en estado de gestación entre los meses de enero y febrero, en tanto el de Villa Fundación en el mismo periodo se registró 38, que están entre las edades de 13 a 17 años.  Según las estadísticas de Salud Pública, en la Provincia de Peravia en el 2003 asistieron a centros de salud  2,548 menores en estado de gestación; 2,266, en el 2004; 3,127, en el 2005 y 3,080, en el 2006, ascendiendo a un total de once mil  veintiún casos de adolescentes embarazadas. Según las proyecciones para el  2007,  aparenta tener la misma tendencia.

Cómo se puede medir la intervención del Estado? Se ha diseñado una política? O continuamos con las políticas reactivas frente a la presión social de los ciudadanos?  Dentro de este escenario las menores son expulsadas de los centros de enseñanza, reciben el rechazo de sus familias y de la comunidad.  Cuál es la conclusión ante estas acciones: la discriminación, la negación al derecho a la igualdad de oportunidades, a la educación, a la salud y hasta la vida.

El desconocimiento y el menosprecio de los derechos de las menores en estado de gravidez  ha sido la causa de que éstas se encuentren en situación de discriminación de oportunidades en la República Dominicana. Sin embargo, países como Panamá han legislado y tienen una Ley No. 29 del año 2002, que garantiza la salud y la educación de la adolescente embarazada  reconociendo el derecho de ésta a recibir atención de  salud integral, su permanencia en el sistema educativo y la protección legal. Además, el adolescente que embarace a una menor tiene derecho a recibir la atención académica y de conserjería y nunca será expulsado del recinto educativo.  El servidor público que se niegue a brindar los beneficios a la adolescente embarazada será sancionado por la autoridad competente desde multa, suspensión o separación definitiva del cargo.

Como los derechos de las menores en estado de gravidez están protegidos por un régimen de derecho, en la República Dominicana existen normas sustantivas, tratados internacionales y leyes adjetivas que los avalan, de entre las cuales aproximándonos a ciertas situaciones que se han suscitado con respecto de las adolescentes embarazadas,   queremos describir:

Derecho a la vida
Una de los derechos que el Estado tiene que prevenir y tutelar,  es el de la vida, ya que si esa menor no se le suministra la información adecuada y la asistencia médica oportuna, podría poner en peligro no sólo su vida sino la del menor que lleva en su vientre.

© UNICEF/RD/2007/L.Quiroga

Garantía de la maternidad
La jurisprudencia constitucional comparada ha establecido que la maternidad “es una decisión de una mujer de traer al mundo una nueva vida, es una de aquellas opciones que se encuentran protegidas por el núcleo especial del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y que, por ende, no pueden ser objeto de ingerencia por autoridad pública o por particular alguno”.  En consecuencia, el Estado debe proveer todo cuanto esté a su alcance para que las menores en estado de gestación puedan desarrollar ese derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.  La futura madre es la que esta en capacidad para decidir qué es aquello que más conviene a su estado e intereses y por ello,  su juicio no puede ser sustituido arbitrariamente por el de sus padres o por el centro educativo al cual pertenece.

Derecho a la educación de la mujer embarazada 
El embarazo de una estudiante no puede ser causa para limitar o restringir su derecho a la educación.  Esta situación no puede catalogarse como falta o motivo de mala conducta ni mucho menos tipificar como conducta amoral.  Toda norma interna de un centro educativo (público o privado) no puede erigirse a regular la maternidad por estar esta contraria a la Constitución.  En el caso de los colegios privados, estos no pueden bajo ninguna circunstancia fijar a través de sus manuales de convivencia o de conducta, regular aspectos que de alguna manera puedan afectar los derechos fundamentales de los educandos  y no pueden traspasar los derechos garantizados por la Constitución. El respeto a los derechos fundamentales debe orientar a los centros educativos, los medios utilizados por estos no pueden desbordar los derechos, principios y valores garantizados por la carta magna.

Derecho a la igualdad
Bajo ninguna circunstancia puede subordinarse a una menor en estado de gravidez a un trato distinto al de sus compañeras sin una justificación objetiva y razonable, ya que el mismo podría catalogarse como discriminatoria y contribuye a estigmatizar una situación personal que solo interesa a la futura madre, pues la maternidad es una cuestión que no afecta derechos de terceros y pertenece exclusivamente a uno de los ámbitos más íntimos de la vida personal de la mujer. 

El embarazo es una situación normal que no trae consigo mayores riesgos, que le permite a la mujer llevar una vida igual o muy similar a la que llevaba antes de encontrarse embarazada.  Si el plantel educativo alega que una medida especial se impone respecto a la menor en estado de gravidez en su propio beneficio, debe demostrar que tales medidas diferenciadoras son útiles y necesarias para garantizar los derechos de la estudiante a la que se apliquen.

Derecho a la intimidad
Las relaciones prematuras no pueden constituirse en conductas típicas ni ser objeto de sanción.  Ella esta amparada por los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad.  La pretensión de gobernar los actos de los adolescentes para que se ajusten a los valores y principios que orientan la formación en un centro de enseñanza público o privado, se oponen a las garantías constitucionales que tutelan la libre autodeterminación del menor, lejos de injerencias autoritarias en la esfera de su intimidad.


El derecho a la intimidad vs el derecho a la autonomía del centro educativo
Si bien es cierto que los centros educativos tienen poder reglamentario, particularmente en relación con el ejercicio de la facultad disciplinaria, se podría mal entender la prevalencia del derecho a la autonomía del centro de enseñanza sobre el derecho a la intimidad de la menor en estado de gestación. Sin embargo, los reglamentos o manuales de convivencia no pueden regular aspectos o conductas ajenas al centro educativo que puedan afectar la libertad, la autonomía o la intimidad de sus educandos; estos derechos se imponen sobre el derecho a la autonomía de los centros educativos.

Existe el precepto general de que todos deben gozar del derecho humano a la educación enunciado, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 14 de diciembre de 1960, en la que se prohíbe toda discriminación que tenga por finalidad o efecto anular u obstaculizar la igualdad de trato en la educación, y bajo la preocupación de que existe en la arena internacional el hecho de que más  de 120 millones de niños, de los cuales dos tercios son niñas, carecen de acceso a la educación.  Se le ha solicitado a los Estados en la resolución 2001-29 en el ordinal tercero letra b), que  tomen todas las medidas adecuadas para suprimir los obstáculos que limitan el acceso a la educación, en especial de las niñas, incluidas las menores embarazadas.

*Artículo publicado en Gaceta Judicial, junio 2007.

 

 

 

 

Datos Relevantes para República Dominicana

  • 11% de las mujeres se casa antes de cumplir 15 años
  • 34% de las mujeres desconoce como prevenir el SIDA
  • 96% de los partos son institucionalizados 
  • 6% de los niños y niñas de 0-3 meses recibe lactancia materna exclusiva
  • 35 por mil nacidos vivos muere antes de cumplir 5 años
  • 30 por mil nacidos vivos muere antes de cumplir 1 año
  • 50% de los niños y niñas entre 12 y 23 meses de edad no tienen las vacunas recomendadas en el esquema de vacunación
  • Más del 20% de los niños nacidos en los últimos cinco años no han sido registrados

Fuente: ENHOGAR- 2006


¿Qué dice la Ley 136-03?

El Código de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), en su artículo 48, referido a Disciplina Escolar (acápite e) establece que "Se prohiben las sanciones, retiro o expulsión, o cualquier trato discriminatorio por causa de embarazo de una niña o adolescente"

 


Matrimonio Temprano

El matrimonio temprano puede terminar con las oportunidades educativas y es a menudo la primera etapa en una vida de servidumbre doméstica y sexual. También puede llevar a la muerte temprana de las esposas que se quedan embarazadas prematuramente: las niñas menores de 15 años tienen cinco veces más posibilidades de morir durante el parto que las jóvenes de 20 años. Sus hijos tienen también menos posibilidades de sobrevivir.

1 de cada 3 niñas en el mundo en desarrollo se casa antes de cumplir 18 años.
En los países más pobres, esta proporción es de 1 de cada 2 niñas.

Fuente: Estado Mundial de la Infancia 2006: Excluídos e Invisibles

 

 


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