Para garantizar los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, no sólo es necesario crear leyes congruentes con la Convención de los Derechos del Niño, sino que también es necesario realizar reformas institucionales que faciliten el cumplimiento de la ley y la entrega de servicios sociales básicos, para que a mediano y largo plazo se favorezca el cambio cultural a favor de los derechos humanos, en particular los derechos de los menores de edad.
Para lograrlo, es necesario colocar los derechos humanos de la infancia y adolescencia en el centro de las políticas públicas (conjunto de objetivos, acciones y resultados) - particularmente en las políticas presupuestarias.
Las políticas públicas implican la existencia de procesos de negociación política en los que intervienen diferentes intereses, valores y conocimientos de actores, individuales y colectivos, gubernamentales y no gubernamentales, de los que emerge como resultado una decisión política acerca de planes y programas de acción dirigidos a intervenir desde el Estado en un sector específico (políticas sectoriales), o a abordar una problemática o asunto en particular (políticas para la infancia, para el medio ambiente).
Tanto para la reforma institucional como para el diseño e implementación de políticas sociales, es necesario que la política económica y social apunten al bienestar y derechos de todos y todas los ciudadanos favoreciendo el acceso universal a servicios sociales básicos (salud, educación, nutrición, agua potable y saneamiento) y a ingresos dignos para todas las familias.
Para romper el círculo de la pobreza, es necesario que la inversión social se focalice en la población de menores de 18 años, estimada en 3 millones 476 mil, o sea casi un 40 % de la población total del país.
De acuerdo al Reporte sobre el Estado Mundial de la Infancia 2006, publicado por UNICEF, los avances sociales en República Dominicana medidos por esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil, recién nacidos con bajo peso, tasa de alfabetización de adultos, son insuficientes en comparación con otros países de la región con igual crecimiento económico.
UNICEF en República Dominicana aboga por una mayor inversión social y promueve buenas prácticas de gestión institucional para asegurar que la inversión social tenga impacto positivo en la vida de niños, niñas y adolescentes, especialmente en los más excluidos. Al mismo tiempo se promueve el concepto de rendición de cuentas.
Actualmente UNICEF está impulsando la creación de un equipo técnico conformado por sociedad civil, organizaciones gubernamentales y otras agencias de Naciones Unidas para el monitoreo y seguimiento de la inversión social a través del análisis presupuestario, la creación de un observatorio ciudadano y el diseño de un índice de Derechos de la Niñez.
A través de esta estrategia se podrá medir el impacto que tiene sobre el bienestar de la infancia y adolescencia - medida a través de un índice - la inversión social.
El gran reto para esta iniciativa es: superar las brechas entre los más ricos y los más pobres lo más rápidamente posible, manteniendo la estabilidad fiscal, fomentando el progreso económico y definiendo el camino en base a un proceso amplio de diálogo y consenso ciudadanos.