Protección de la Niña y el NiñoSi bien Paraguay ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos y ha avanzado en la adaptación de su marco jurídico a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, todavía existe el desafío de traducir el marco normativo en una efectiva protección de los derechos de la infancia. El derecho a la identidad es particularmente importante porque representa la puerta de entrada para el cumplimiento de los demás derechos del niño. En Paraguay, el índice de inscripción tardía es muy alto, aún con las modificaciones de la legislación.
Aunque el trabajo infantil en las calles representa una gran preocupación ciudadana, el trabajo rural es el que afecta al mayor número de niñas, niños y adolescentes. En el campo participan principalmente en la producción familiar. En zonas urbanas y sus proximidades, las principales actividades productivas de alto riesgo para los niños, niñas y adolescentes son la producción de materiales de construcción, carbón y el reciclaje de basura. Estos son trabajos prohibidos por ley, pero su incumplimiento pocas veces se sanciona.
Una práctica cultural aún en uso es el "criadazgo", niñas y niños provenientes de familias rurales pobres, que pasan a residir en hogares de terceros para prestar servicios domésticos, a cambio de vivienda y comida. Frecuentemente, no asisten a la escuela y están expuestos al abuso.
Otra realidad que aqueja a la niñez es la explotación sexual; 2 de cada 3 trabajadores sexuales son menores de edad. Este fenómeno, combinado con la trata de personas, es frecuente en las zonas de frontera. El Sistema Nacional de Protección y Garantías, establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, es débil aunque ha experimentado avances desde su creación. Las Consejerías Municipales para los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (CODENI) y los Consejos Departamentales son instancias que ameritan ser fortalecidas. En el ámbito judicial, se han creado los juzgados de la niñez y adolescencia y juzgados penales de adolescentes, pero aún son insuficientes para atender los casos que les competen y no cuentan con equipos interdisciplinarios requeridos. En los centros de detención, se ha avanzado en la separación de los jóvenes de los adultos, no obstante el desafío está en el acompañamiento legal de sus procesos, en la aplicación de medidas sustitutivas a la privación de libertad y en el mejoramiento de las condiciones de reclusión.
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