Protección infantil, el talón de Aquiles de PanamáUn experto de la UNICEF critica que el anteproyecto de ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia siga reposando en la Asamblea Nacional desde 2007. Shelmar Vásquez Sween ¿Puede un país garantizar que los derechos de todos sus niños sean respetados y defendidos? La idea puede parecer una simple utopía para muchos. Pero el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Panamá (Unicef), Mark Connolly, está convencido de que esto puede ser una realidad perfectamente alcanzable por cualquier país. En el caso de Panamá, señala, el talón de Aquiles en la lucha por la seguridad infantil, es su legislación. Ya que desde 2007 reposa en la Asamblea Nacional el anteproyecto Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, el cual ayudaría, según el experto, a subsanar los abismos que tiene la normativa actual. Ahora, el análisis de Connolly tiene un sustento científico. Como representante del Comité de los derechos del niño y niña de las Naciones Unidas recibió ayer, de manos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Seniaf), el III informe de Estado de la República de Panamá. En él, subraya, se detallan los proyectos en pro de la niñez que se han desarrollado en los últimos años. Algunos de ellos han permitido que 27 mil 866 niños menores de cinco años hayan sido vacunados. También, aduce, se recogen normativas que han permitido que 23 mil 151 niños estén en el registro civil, y que 103 mil 527 más asistan a programas regulares de salud. Sin embargo, dice Connolly, aún existen muchos lugares del país que se asemejan a naciones como Zambia, en África. “Hay comunidades que no tienen agua potable, transporte y sus niños, además de vivir en situaciones críticas, no tienen la oportunidad de ir a la escuela porque ni siquiera cuentan con una cerca. Pero lo peor es que hay personas que creen que es un desperdicio invertir en estas poblaciones conformadas por poco más de 300 personas”, recalcó, Connolly. En estas situaciones, manifiesta el experto, se necesitan normas que velen porque la solución de estos problemas sea una obligación de toda la población, más que una posibilidad en la que solo participan algunos. Por otra parte, las leyes deben ir acompañadas de fórmulas claras que indiquen cómo corregir estas fallas. EN EL AIRE Rosaria Correa, de la Seniaf, manifestó que la aprobación del citado anteproyecto de ley, que en su opinión no ha recibido el apoyo de la sociedad civil organizada, ayudaría a dejar claras las competencias administrativas, social y judicial de cada entidad relacionada con la seguridad infantil. Ya que ahora, argumenta, hay mucha confusión en estos aspectos. Mientras se define el futuro de esta norma, sostiene Correa, la Secretaría busca dar a los jóvenes las herramientas para que conozcan y defiendan sus derechos, a través de proyectos de difusión masiva y capacitación. Mark Connolly, puntualizó que el invertir en la niñez asegura el futuro del país, y el proceso democrático.
INVERSIÓN INVISIBLE PARA LA NIÑEZ El III Informe de Estado de la República de Panamá deja claro que en este país no se llevan registros específicos de lo que el Estado invierte en políticas sociales y económicas dirigidas a los niños y adolescentes. Más bien se tiene una estimación a través de la evolución del gasto social del país, que involucra programas de salud, educación, cultura, vivienda y desarrollo comunitario. Tomando esto como base, el informe plantea que en 2003 el presupuesto del gasto social era de 992.7 millones de dólares, y en 2007 la suma ascendió a mil 832.7 millones, lo que indica que en cuatro años el Estado incrementó en un 46% los recursos destinados al gasto social. La Unicef recomendó que estos gastos se registraran de forma más detallada.
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