Justicia Penal Juvenil
Reforma al sistema de justicia penal juvenil Tras años de debate, el 12 de diciembre de 2005 el Congreso de México aprobó la reforma al Artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para crear un sistema de justicia penal para adolescentes. Con esta reforma se supera el ya obsoleto sistema tutelar que regía en el país. UNICEF brindó asistencia técnica durante todo el proceso de la reforma. La reforma introduce un sistema de responsabilidad penal para adolescentes entre los 12 y 18 años que antes no existía en México. Asimismo, establece un sistema de justicia independiente para los adolescentes, con jueces, ministerios públicos y defensores técnicos especializados en adolescentes, quienes determinarán si se cometió o no una infracción a la ley penal. También incluye el principio del “debido proceso”. Esto quiere decir que el nuevo sistema juzga al adolescente solamente por su acto. La privación de la libertad, según lo prevé la reforma, deberá ser el último recurso que sólo debe aplicarse para delitos graves. Para delitos menos graves se prevén sanciones de trabajo en favor de la comunidad, con un enfoque educativo y de reintegración, lo cual marca una diferencia radical frente al antiguo sistema tutelar que dependía de la rama del ejecutivo y no sometía al debido proceso los casos de jóvenes. Esto, a su vez, ocasionaba la penalización de actos que no eran delictivos, como vivir en situación de calle, de pobreza, entre otros, y contemplaba el encierro como medida común de “protección”. Con esta reforma, México cumple con las disposiciones marcadas por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y da cauce a la recomendación emitida por el Comité de los Derechos del Niño en 1999 de establecer un sistema de justicia penal juvenil en armonía con la CDN. La reforma al artículo 18 de la Constitución constituye un gran paso adelante en el cumplimiento de los derechos de la infancia, al igual que las leyes aprobadas en las entidades federativas. Ahora se impone la enorme tarea de crear nuevas instituciones acordes al nuevo marco legal. Para ello es necesario comprender a fondo el espíritu de la reforma y de la CDN, así como poner en marcha los mecanismos necesarios para su aplicación: • Como primer paso, UNICEF organizó con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) talleres para dar a conocer los detalles de la nueva legislación. A partir del año 2007, UNICEF pondrá a disposición del público mexicano el producto de un acuerdo suscrito con el ILANUD (Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente). Se trata de las lecciones aprendidas y aplicables a la realidad mexicana de tres países latinoamericanas y tres países europeos en materia de justicia para adolescentes. Por otra parte, UNICEF ha trabajado estrechamente con asesoría técnica en los estados de la República que han mostrado interés en avanzar en la adecuación de la legislación sobre el tema. Tal es el caso de Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, Distrito Federal y Chiapas, aunque las leyes aprobadas son de responsabilidad exclusiva de los Gobiernos locales.
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