El largo camino a la escuela de los niños migrantes en México
Por Michael Klaus Culiacán, México – Solamente después de un pesado día de trabajo recolectando chiles, es cuando Javier Hernández de 10 años puede entrar a clases. Le gusta aprender y estudiar, pero sólo puede asistir a la escuela , de dos a tres horas en la tarde, después de trabajar en el campo agrícola en el norte de México, donde vive junto con su familia por más de la mitad del año. Sin embargo, Javier se puede considerar a sí mismo un niño afortunado. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), menos del 10% de los cerca de 300,000 “niños jornaleros” van a la escuela. Los trabajadores migrantes vienen de los estados sureños de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Durango, porque allá no consiguen ganarse la vida. Un gran número de ellos son indígenas. Estos son los estados donde los niños – de acuerdo al Índice de los Derechos de la Niñez de UNICEF México- tienen hasta tres veces menos oportunidades de disfrutar de sus derechos básicos, como salud, nutrición, educación y protección que los niños de los estados del norte como Sinaloa o Baja California, donde México cultiva vegetales y frutas, sobre todo para la exportación a Estados Unidos. Durante la temporada, que generalmente va de septiembre a mayo, los jornaleros viven en campamentos llenos de gente que frecuentemente sólo ofrecen instalaciones sanitarias muy básicas. Al comienzo de la temporada los trabajadores ganan entre 60 y 80 pesos por día. Una vez que la cosecha comienza se les paga por tarea. Cuantos más miembros de una familia trabajan, más se gana. Muchos de los productores, no obstante, tienen otra explicación por el hecho de que niños de 10 o incluso menos años de edad trabajen en sus campos, a pesar de que la Constitución mexicana prohíbe emplear a los niños menores de 14 años: “Es una cosa cultural, la gente del sur acostumbra dejar que sus hijos trabajen.” Pero no es tan fácil, ya que las oportunidades de educación y el número de guarderías bien equipadas para los hijos de los jornaleros son limitados. El “Programa Nacional de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes” (PRONIM) a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) solamente cubre al 4.1% de los niños jornaleros. Además, la CONAFE, institución gubernamental para las escuelas multi-grado en las comunidades más pequeñas, cubre un 3.9% adicional. Esto significa que el 92% de los niños de 6 a 14 años de los trabajadores migrantes internos en el norte de México no tienen acceso a la educación durante la temporada. El problema de los niños jornaleros ha permanecido escondido por mucho tiempo. UNICEF llamó la atención sobre esta situación en años recientes a través de la publicación de diferentes estudios y a través de conferencias. El tema obtuvo un mayor impacto mediático con la muerte de David Salgado Aranda quién fue atropellado por un tractor el 6 de enero de 2007 mientras recolectaba tomates. David tenía solamente nueve años de edad.
"El enfoque de UNICEF es abogar para que todos los hijos e hijas de los jornaleros reciban una educación pública de calidad. Sabemos lo que se necesita hacer, el problema ahora es expandir significativamente la cobertura para alcanzar a todos los niños. Ahí está el reto para el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. UNICEF promueve alianzas con estos grupos y sectores, para unir esfuerzos y lograr hacer una diferencia real para los niños que tradicionalmente han sido excluidos en México”, dice la Oficial de Protección de UNICEF México, Theresa Kilbane. UNICEF también trabaja directamente para mejorar la calidad educativa de los niños migrantes mediante la entrega de paquetes escolares, libros y otros materiales, que toman en cuenta las necesidades particulares de los niños indígenas en el salón de clases. Afortunadamente, hay buenas señales de que la atención pública que se le brinda al problema de los niños jornaleros en México, pueda conducir a una mejoría consistente de su situación. La CAADES por ejemplo, una asociación de productores agrícolas que trabaja en Sinaloa ha declarado su interés en lograr un estado libre de trabajo infantil. Un considerable número de sus miembros ya han colaborado intensamente con instituciones gubernamentales tales como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la SEP. Los promotores de la SEDESOL reciben a los jornaleros al inicio de la temporada para establecer las necesidades en términos de servicios de salud, guarderías, escuelas, etc. Asimismo, la SEP ha desarrollado un sistema de “aulas inteligentes”, cada una de estas con un maestro, un trabajador social y un psicólogo que proveen oportunidades de aprendizaje adecuadas a las necesidades especiales de los hijos de los migrantes trabajadores. Sin embargo, aún hay muchos productores que no quieren cooperar con estas instituciones para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores migrantes. Todavía falta mucho por hacer para que niños como Javier puedan recibir una educación de calidad en vez de estar recolectando chiles en la fría mañana.
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