Infancia y leyes

Infancia y leyes

Justicia penal para adolescentes

 

Justicia penal para adolescentes

UNICEF México/ Christa Cowrie
© UNICEF México/ Christa Cowrie

Las situaciones de exclusión, pobreza y desigualdad debilitan los mecanismos de protección familiares, comunitarios e institucionales y facilitan que los adolescentes carezcan de oportunidades de desarrollo, abandonen la escuela a temprana edad, se involucren en conductas delictivas, caigan en el consumo de drogas o adquieran conductas violentas. Para entender el fenómeno de los adolescentes en conflicto con la ley, acusados o declarados responsables por la comisión de un delito, es preciso tener en cuenta los problemas sociales a los que se enfrentan estos adolescentes.

La mayoría de los adolescentes mexicanos que entran en conflicto con la ley son de sexo masculino, tienen de quince a diecisiete años, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral, y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia. Además suelen vivir en entornos violentos. Se trata, en definitiva, de adolescentes que viven en ambientes de desprotección, en los que por lo general varios de sus derechos se encuentran amenazados o vulnerados.

En el año 2005 una reforma legislativa instauró un sistema de justicia penal juvenil garantista de acuerdo con los Derechos del Niño, denominado “Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”.

A consecuencia de la reforma, los estados de la República y el Distrito Federal se han visto obligados a crear leyes e instituciones especializadas que puedan llevar a cabo el nuevo sistema de forma local. Dado que no hay un sistema común y centralizado de datos, resulta muy difícil saber el alcance real del número y situación de los adolescentes en conflicto con la ley.

A pesar de las dificultades de obtener cifras confiables, el INEGI señalaba que en 2007 se habían registrado a nivel nacional 22.970 adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales un 91% eran hombres.

A través de este nuevo Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se busca que los adolescentes acusados de algún delito, tengan acceso a un juicio justo, en el que se respeten siempre sus derechos fundamentales y, en caso de resultar responsables,  puedan asumir las consecuencias de su acto a través de una medida socio-educativa que promueva su reintegración social y familiar, y el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades.

De las principales modificaciones que introdujo la reforma, se destaca la uniformización de las edades mínima y máxima para la aplicación del sistema de justicia para adolescentes, limitando la privación de libertad sólo para personas entre 14 y 18 años y como último recurso. Así, se eliminó esta sanción para los adolescentes entre doce y catorce años, limitando la aplicación del sistema a las conductas delictivas.

Sin embargo, cuatro años después de su aprobación, aún existen numerosos retos para la adecuada implementación de la reforma. Porque no se trata sólo de establecer un proceso con todas las garantías, sino también desarrollar un sistema especializado capaz de ofrecer a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito, y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar todas sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y constructiva para la sociedad. 
 

© UNICEF México/ Julio Candelaria

¿Qué hace UNICEF?

Con la finalidad de fortalecer la puesta en marcha de un sistema integral de justicia apropiado para adolescentes, se llevaron a cabo una serie de foros, módulos de capacitación y publicaciones sobre los retos que enfrenta todavía la implementación de este sistema en México, a los que tuvieron acceso 500 operadores del nuevo sistema de justicia juvenil. En el estado de Yucatán 70 jueces, procuradores y operadores de los sistemas de justicia tomaron un diplomado especializado en justicia juvenil, organizado conjuntamente con la ONG Investigación y Educación Popular Autogestiva, A.C. (IEPAAC) y el Tribunal de Justicia Estatal.

Asimismo se realizó un diagnóstico sobre el sistema de justicia penal juvenil en el Distrito Federal y se realizaron dos foros interinstitucionales en alianza con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el gobierno local para evaluar los avances y los retos en el tema a un año de que el Distrito Federal asumió la jurisidicción para más de 3,700 adolescentes en conflicto con la ley. Estas acciones fueron llevadas a cabo en paralelo a la adopción de medidas alternativas diseñadas por el Gobierno del Distrito Federal y UNICEF que serán puestas en marcha en 2010 como piloto y que deberán brindar respuestas alternativas a los adolescentes en conflicto con la ley, con la posibilidad de que sea replicado en otros estados del país. 

UNICEF realizó conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un análisis comparativo del marco legislativo de justicia penal para adolescentes en los 32 estados del país. La publicación “La Justicia para adolescentes en México: análisis de leyes estatales” fue difundida a nivel nacional, convirtiéndose en un texto de referencia sobre el tema. 

 

 

 

 

 

Publicaciones

El libro Justicia penal para adolescentes en México describe a profundidad los fundamentos teórico-jurídicos, las normas, los principios y las características del nuevo sistema de justicia para adolescentes en México, al tiempo que analiza y compara en qué medida han sido recogidos e incorporados en las diferentes legislaciones estatales, resaltando también las implicaciones para su debida aplicación.


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