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Estudio del Secretario General de NNUU sobre la Violencia Contra los Niños

UNICEF/2006/Belize/CesarVillar
© UNICEF/2006/Belize/ CesarVillar

En 2001, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos del Niño  la Asamblea General de Naciones Unidas pidió al Secretario General que efectuase un “estudio a profundidad sobre la situación de la violencia contra los niños”debido a la alarmante situación que anualmente acaba con la vida de miles de niños, y en febrero del 2003 el Secretario General nombró a un Experto Independiente, Paulo Sergio Pinherio, para dirigirlo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF fueron las agencias designadas para apoyar el proceso.

El propósito del Estudio, basado en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, es analizar el impacto de la violencia, identificar buenas prácticas, formular estrategias y promover acciones para prevenir y eliminar la violencia ejercida contra la infancia. Asimismo, se analizará la violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes en la familia, la escuela, la comunidad, las instituciones de detención y protección, los lugares de trabajo y la comunidad.

El proceso de elaboración del Estudio comenzó a finales del 2004 y cuenta con la información suministrada por los propios gobiernos, a través de un cuestionario elaborado por la OACDH; y de los resultados de las consultas regionales (América Latina) (Caribe) realizadas en todo el mundo durante el 2005 con la participación de más de 300 representantes de gobiernos, organizaciones civiles, agencias de las Naciones Unidas, instituciones académicas, expertos en violencia y los niños, niñas y adolescentes.

Las opiniones y experiencias de la infancia documentan el Estudio, incluyendo el testimonio directo de niños con discapacidades, niños de la calle, niños que pertenecen a minorías étnicas, niños que se encuentran en circunstancias difíciles (incluyendo emergencias) y niños afectados por el VIH/SIDA.

El informe y las recomendaciones finales fueron presentadas por Paulo Sérgio Pinheiro a la Asamblea General el 11 de octubre del 2006.

En América Latina la coordinación de este proceso de trabajo estuvo a cargo de la Secretaria Regional para el Estudio, creada ad hoc e integrada por organismos de Naciones Unidas y Organizaciones no gubernamentales internacionales. Organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) han sido también aliados estratégicos para lograr la movilización de la región.

El proceso ha incluido:

1.  La elaboración de dos análisis de tendencias regionales sobre las causas, formas e impacto de la violencia ejercida contra los niños, niñas y adolescentes.

2.  La organización de dos Consultas Regionales para América Latina y el Caribe. 

3.  La celebración de un Foro de Adolescentes y Jóvenes para el Caribe sobre violencia contra los niños.

4.  La realización de consultas con más de 2000 niños, niñas y adolescentes en 17 países de América Latina.

El Estudio formula recomendaciones fundamentalmente dirigidas a los gobiernos que deben pasar a la acción para prevenir la violencia y responder de forma efectiva.

Algunas de estas recomendaciones son la creación de una estrategia nacional de prevención y lucha contra la violencia que debería estar integrada en los planes nacionales de desarrollo; el nombramiento de una autoridad con rango ministerial responsable de la coordinación o la creación o mejora de sistemas nacionales de recopilación de datos e investigación para el 2009. Al igual que durante todo el proceso, el Estudio reconoce como imprescindible la opinión de niños, niñas y adolescentes en el diseño de las estrategias de prevención y de los servicios de protección y recuperación para las víctimas.

Dentro de las recomendaciones específicas de América Latina y el Caribe se enfatiza la importancia de mejorar los servicios de protección legal, de mantener como socios claves a los medios para generar cambios de actitudes y comportamientos, y de incluir programas de reducción y prevención de violencia en las estrategias para el desarrollo económico y social.

 

 
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