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Entrevista a Fernando Carrera, Representante de UNICEF, Panamá

Panamá, 14 de septiembre 2006 - En el 2003, Panamá abrió las puertas a los primeros tribunales penales de adolescentes. Estos juzgados fueron creados por la Ley 40 de 1999, que estableció un régimen especial de responsabilidad penal para adolescentes, y constituye el primer desarrollo en el plano legal de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el país en septiembre de 1990. La aprobación de la Ley 40 supuso un cambio radical en el marco normativo del tratamiento de los delitos imputados a los y las adolescentes. Dicha Ley fue objeto de una serie de modificaciones por iniciativa de legisladores que pedían una “mano dura” contra los menores de edad que cometían crímenes violentos. La Ley actualmente establece que las personas que hayan cumplido los 14 años de edad son penalmente responsables y la acción penal prescribe siete años como sentencia máxima para delitos graves, como el homicidio.
El proceso de reforma legislativa se encuentra en un momento de transición que refleja las distintas dimensiones de la lucha por los derechos de la niñez.
El representante de UNICEF, Fernando Carrera, hizo importantes declaraciones de la situación nacional comparada con las tendencias de otros países de la región.


¿Cuál es la posición de UNICEF ante las voces actuales de parlamentarios a favor de disminuir la edad de responsabilidad penal y aumentar las penas?

Hemos estado dialogando con diputados y otros sectores de la sociedad para aclarar que estas medidas no van a contribuir a reducir la violencia, ni a aumentar la seguridad del país. No funcionan porque los crímenes violentos cometidos por los adolescentes están principalmente vinculados al crimen organizado. Este involucra a los adolescentes en crímenes violentos a través de las redes de corrupción, reclutándolos mediante la droga o facilitándoles armas - elementos que pueden conducirlos a la muerte. En definitiva, para las personas que inducen a los adolescentes a cometer crímenes, es absolutamente irrelevante el aumento de las penas. Por esto, las bases del crimen organizado van a quedar intactas.
Ya sucedió en países como Brasil, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde se instauró una política de “mano dura” y no se obtuvieron resultados. Los crímenes violentos han aumentado en vez de disminuir, y las cárceles se han llenado de adolescentes que viven en condiciones infrahumanas, lo cual ha motivado más violencia y criminalidad.
Un segundo motivo para no favorecer la “mano dura”, es que tiene un efecto perverso en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas que controlan la población privada de libertad en los centros de detención. La “mano dura” estimula la corrupción; al aumentar las penas y las medidas duras, el sistema corrupto que también se ha filtrado en parte de las fuerzas de seguridad, aumenta su sistema de pagos, es decir, se pide mayor dinero para prestar servicios de protección a la comunidad. Asimismo, al aumentar la población en las cárceles, los custodios cobran más por sus servicios y tienen un mercado más grande. En América Latina se han visto siempre más escándalos de corrupción con el aumento de tiempo de privación de libertad para los adolescentes. Como resultado, estas medidas no resuelven el problema de la inseguridad y sus causas, y generan corrupción.
Pero en el centro de esta situación, se encuentra el tema de violaciones de los derechos humanos. Con la política de “mano dura” se dan más casos de abusos a la hora de capturar adolescentes, así como cuando se envían y mantienen en las cárceles. Se justifican estos abusos que terminan siendo selectivos. De hecho, no a todos los adolescentes se les da el mismo trato. Los que no están en las redes de narcotraficantes o los que no son amigos o no pagan las cuotas a las fuerzas armadas, no reciben el mismo trato. Esto aumenta la posibilidad de capturar personas inocentes, de mantenerlos en centros privados de libertad sin cargos, afectando y criminalizando a los que viven en los barrios urbanos más pobres. El hecho de no abordar de manera inmediata los niveles de pobreza y desigualdad, así como la falta de oportunidades, incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes.


¿Cuál es la tendencia que están siguiendo otros países centroamericanos? ¿Se pueden dar casos generalizados en toda la región?

La tendencia es de una” mano dura” que resulta selectiva. Se dejan intactas las estructuras de la criminalidad porque el objetivo no es acabar con la criminalidad, sino acabar con un negocio. La criminalidad en general, es un negocio organizado donde participan fuerzas que en vez de controlar, se benefician económicamente.
En América Latina, se está pasando de una criminalidad organizada, que puede existir en muchas sociedades, a una situación mucho más preocupante como los ´narcoestados´, es decir, donde hay penetración del crimen organizado dentro del Estado, en las fuerzas de seguridad y en las autoridades del Ejecutivo. Panamá no está en esta situación, pero sí hay una tendencia latinoamericana y del Caribe en crecimiento.


¿Por qué hay un debate en este momento sobre la Ley 40 del Régimen de Responsabilidad Penal de la Adolescencia? ¿El próximo referéndum del 21 de octubre sobre la ampliación del Canal juega un papel importante o realmente están aumentando los índices de violencia cometidos por adolescentes en el país?

En la sociedad panameña existe la idea de que el incremento de la delincuencia provocada por adolescentes es fruto de que el país es blando con los adolescentes.  Sin embargo, las estadísticas no muestran un aumento de crímenes violentos cometidos por adolescentes. En los centros de privación de libertad del país, aproximadamente el 90% de la población es mayor de edad. La opinión pública cree que hay algo perverso en los adolescentes y que la criminalidad violenta es un fenómeno de adolescentes y no de los adultos. Falta una reflexión profunda sobre las causas de la criminalidad en general.
En la coyuntura actual, dos crímenes ocurridos recientemente en el país hicieron estallar el debate de la Ley 40. En uno de los casos, el culpable nunca fue capturado, pero la opinión pública lo acreditó a un menor de edad. Este homicidio ha generado mucho debate en el país, y la crónica y los medios fomentaron la atención hacia los adolescentes.
Esto ocurre en todas las sociedades: en algunos países se tiende a culpar a los inmigrantes, en otros a los afrodescendientes, y en Panamá, a los adolescentes.
El tema del referéndum se suma a todo esto, porque presiona al Estado en dar respuestas efectivas, dado que se ha cuestionado la efectividad del gobierno. Algunos sectores del gobierno consideran que una de esas soluciones, fuertemente basada en una medida popular, es la idea de aumentar las penas a los adolescentes.


¿La falta de recursos, de tribunales, jueces, policía o personal capacitado está imposibilitando una implementación de la Ley 40?

Hay algunas voces en ese sentido, pero un alineamiento presupuestario no se está dando. Incluso la Corte Suprema pidió un aumento substancial en su presupuesto en relación a los años anteriores, pero no se contemplan recursos para aumentar el número de fiscales o de juzgados. Sin embargo, hay un creciente interés en este tema, en colocarlo en las agendas de trabajo. UNICEF aboga por una modificación presupuestaria que permita darle contenido de recursos a la aplicación de la ley, pero actualmente un presupuesto fiscal no está planteado para la implementación de la Ley 40.


¿Qué UNICEF debe hacer?

Lo importante no es sólo lo que UNICEF debe hacer, sino también qué puede hacer. Operacionalmente, económicamente y técnicamente, nuestro mandato es asegurarse de que el sistema legislativo sea correctamente aplicado en relación a la infancia y a la adolescencia, específicamente, en la aplicación y en la calidad de la aplicación de la Ley 40.
UNICEF también debe mantener un dialogo permanente y una alianza con otras organizaciones sobre el tema de la rehabilitación juvenil, como con la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en sus programas de  rehabilitación social para los adolescentes.
Pero también con las fuerzas de seguridad, para el debate de cómo romper el vínculo entre el narcotráfico y las organizaciones juveniles relacionadas con el crimen.
Asimismo, UNICEF debe abogar y acompañar, mediante un dialogo técnico y político en el tema de prevención basada en la política social. Para ello, colabora con el Banco Interamericano de Desarrollo en el Programa de Seguridad Integral (PROSI), sin duda alguna el  programa más ambicioso del país para ofrecer modelos de vida positivos a los adolescentes a través de la participación. 


UNICEF promueve la participación de la sociedad civil para hacer más visibles los derechos de la infancia y la adolescencia. ¿Qué planes tiene UNICEF de involucrar a la sociedad civil conjuntamente con los adolescentes dentro del trabajo que está haciendo en el área de protección?

Se ha fortalecido la red de las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia y de la adolescencia. En el país esta amplia red está coordinada por la Defensoría del Pueblo, la autoridad de derechos humanos en Panamá, y por organizaciones no gubernamentales, grupos protestantes, grupos de actividad cívica, grupos religiosos, centros de atención a niños. Otros aliados  importantes son el Consejo de Rectores de las Universidades y la Iglesia Católica, entre otros.
Para UNICEF es determinante mantener una red permanente para trabajar en conjunto para la protección de la infancia y la adolescencia.


¿Existe algún modelo legislativo que lidera, como ejemplo, en los países de América Latina y el Caribe, y que tome en cuenta la prevención mediante la rehabilitación?

Dependiendo del crimen, en la región hay buenas experiencias de rehabilitación de jóvenes que han cometido crímenes violentos, como asesinatos. Chile es un ejemplo.
Otros países que tienen buenas políticas sociales incluyentes, donde hay menos exclusión y hay mayor éxito en combatir el crimen, son Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica, pero incluso en estos cuatro países, la criminalidad ha aumentado en los últimos años.
Asimismo, es muy eficiente el modelo anglosajón de policía comunitario, donde se propone un control de seguridad más cercano a la comunidad. Inglaterra y Estados Unidos, sobre todo en estados más liberales como Oregon y California, son ejemplos dignos. 
Los países nórdicos de Europa son particularmente exitosos y consistentes en programas de acompañamiento social a familias para el maltrato infantil.
Los países del mundo con menos índices de criminalidad, tienen vida comunitaria muy sólida no basada en la represión y tienen medidas muy claras para no tolerar la criminalidad organizada.

Para mayor información
Isabel Benlloch, ibenlloch@unicef.org, UNICEF Oficina Regional América Latina y el Caribe
Marti Ostrander, mostrander@unicef.org, UNICEF Panamá

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Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. UNICEF es el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, y apoya la salud y la nutrición de la infancia, el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad, la educación básica de calidad para todos los niños y niñas, y la protección de los niños y las niñas contra la violencia, la explotación y el SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.

 

 

 

 

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