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Seguridad ciudadana y violencia contra las niñas, niños y adolescentes involucrados en los sistemas de justicia

Artículo de opinión por la Dra. Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia en contra de la Niñez y por Bernt Aasen, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe

 

En América Latina y el Caribe viven 108 millones de adolescentes entre 10 y 19 años, el 19% de la población total de la región; muchos de ellos carecen de acceso a una educación de buena calidad, a la atención de la salud básica, al apoyo en materia de discapacidad y salud mental, y a espacios que les den oportunidades de participar plenamente en sus comunidades. A pesar de estos datos, las preocupaciones sociales parecen merecer una atención menos prioritaria frente a la seguridad ciudadana y los niveles de criminalidad y violencia que son frecuentemente identificados como preocupación primordial en las encuestas de opinión conducidas en la región.

 

Para muchos medios de comunicación y amplios sectores de la opinión pública, la figura del agresor es muchas veces la de un adolescente.

 

En este contexto, en la región existe una fuerte presión social sobre el sistema de justicia penal juvenil para encontrar respuestas que puedan hacer frente a esta preocupante percepción negativa de los adolescentes y su supuesta contribución en la expansión del crimen y la violencia. Como resultado se asiste a frecuentes decisiones judiciales con altos índices de privación de libertad, especialmente en la etapa previa al juicio.

 

Por otro lado, a lo largo de la región y particularmente fuera de las grandes ciudades, siguen siendo limitados los programas de prevención de delincuencia juvenil y de reintegración social para los niños menores de dieciocho años; y son pocos los planes de especialización en derechos del niño y promoción de los derechos humanos para jueces y personal del sistema de justicia juvenil. Los niños y niñas que viven en la calle, o pertenecientes a comunidades indígenas, afro-descendientes, son víctimas frecuentes de estigmatización y están ampliamente representados en los sistemas de justicia penal juvenil.

 

Un Informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que el número de niños y niñas que se encuentran en detención preventiva en celdas y prisiones en la región ha ido aumentando progresivamente.

 

Al mismo tiempo se ve un incremento de los proyectos de reformas legislativas que postulan la supresión de garantías procesales para los adolescentes acusados de infracciones a la ley, de las medidas que proponen la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal, el aumento de las penas privativas de libertad, y los procesos de “protección” a los que son sometidos los niños que viven en la calle, quienes en muchos casos son llevados al sistema de justicia juvenil sin haber cometido infracciones a la ley. Todo esto ocurre a pesar de que los datos de varios países en la región nos muestran que los porcentajes de crímenes cometidos por niños, niñas o adolescentes siguen siendo muy inferiores al 5%, en comparación con los adultos. 

 

La promoción de una perspectiva primordialmente punitiva que compromete los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, coloca a las personas menores de 18 años en situaciones de extrema vulnerabilidad y de victimización no sólo de distintas formas de violencia, sino también de estigmatización y discriminación por razones de género, origen étnico, discapacidad y condición socioeconómica.

 

Para prevenir y responder en forma efectiva a la violencia se necesita una política integral de seguridad pública basada en el respeto de los derechos humanos, dando prioridad a la prevención basada en sistemas de información e indicadores confiables y en recursos adecuados. Esa política integral debe basarse en el estricto cumplimiento de las normas internacionales ratificadas por los Estados y promover el respeto de los derechos  de todos los niños, niñas y adolescentes.

 

www.unicef.org/lac

 

 

 
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