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Crearan Sistema único de Indicadores para el seguimiento del Sistema Judicial Penal Adolescente

Montevideo, 16 de noviembre de 2009- La Suprema Corte de Justicia, el Ministerio del Interior, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (INAU) y UNICEF firmarán un acuerdo interinstitucional para crear un sistema único de indicadores que permitirá realizar el correcto seguimiento del Sistema de Justicia Penal Adolescente.

El acuerdo establece una serie de pautas que serán utilizadas por las instituciones, elaboradas en base al Manual para cuantificar los indicadores de justicia juvenil elaborado por UNICEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Cada una de las instituciones involucradas será la encargada de recolectar y procesar los indicadores respectivos. Todos los años, las instituciones deberán suministrar la información y velarán para que sea confiable y se produzca de manera periódica e ininterrumpida, según establece el acuerdo.

La tabla está compuesta por 22 indicadores que brindan información respecto a lo que ocurre con los adolescentes en conflicto con la ley, así como el marco legal que asegura su protección. Del total de los indicadores: 19 son de carácter cuantitativo, 3 refieren a la actuación policial, 10 al sistema de justicia y 16 a la ejecución de las sanciones dispuestas por la Justicia.

El desarrollo de estos indicadores permitirá:

• Dimensionar en su justa medida el fenómeno de los adolescentes que son acusados de infringir la ley
• Identificar problemas en las prácticas de las instituciones que hacen parte del sistema
• Realizar propuestas para mejorar los resultados del sistema
• Monitorear, ajustar y evaluar las prácticas institucionales y la ejecución de la ley
• Comparar la situación con otros países
• Mejorar las prácticas institucionales para que estas sean respetuosas de los derechos de los y las adolescentes que pasan por el sistema penal juvenil

Antecedentes

El año pasado UNICEF, la Suprema Corte de Justicia, el INAU, el Ministerio del Interior y organizaciones de la sociedad civil, realizaron un seminario sobre el Sistema Penal Adolescente para establecer un diagnóstico sobre la situación de la implementación del proceso penal adolescente y su adecuación a las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia y a la Convención sobre los Derechos del Niño.

Durante el trabajo, se concluyó que reconstruir con datos objetivos el camino institucional recorrido por los adolescentes intervenidos por el sistema penal -desde la detención policial hasta la ejecución de las sanciones socioeducativas, pasando por las medidas cautelares aplicadas resulta fundamental para el monitoreo de la situación del sistema penal de adolescentes y para la protección de sus derechos.

De esta forma, se manifestó la necesidad de crear un sistema único de indicadores que permita el seguimiento y evolución del sistema de justicia penal adolescente a través de los subsistemas que lo componen. Es así como, tras varios meses de trabajo interinstitucional se logró un consenso sobre criterios de definición y relevamiento de la información.

El resultado fue la elaboración de una tabla de indicadores que cada organismo adaptará a sus sistemas de información para cuantificar y presentar información específica sobre la situación de los adolescentes en conflicto con la ley.

Mayores informes:

María José Giró, mjgiro@unicef.org, UNICEF Uruguay;
Tamar Hahn, thahn@unicef.org, UNICEF América Latina y el Caribe
www.unicef.org/lac

Acerca de UNICEF:

UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150 países y territorios para ayudar a garantizar a los niños y las niñas  el derecho a sobrevivir y a desarrollarse desde la primera infancia hasta la adolescencia. UNICEF es el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, trabaja para mejorar la salud y la nutrición de la infancia; el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad; la educación básica de calidad para todos los niños y niñas y la protección de los niños y las niñas contra la violencia, la explotación y el VIH/SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.

 

 

 

 
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