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La niñez y el presupuesto nacional

 Bogotá, septiembre 26 de 2009

Los últimos debates del 2006 sobre el proyecto de ley del Código de la Infancia y Adolescencia no giraron en torno a la niñez y sus derechos, la familia, la ética o las transformaciones sociales que esta nueva ley podría generar. Por el contrario, analizaron la disponibilidad de los recursos necesarios para hacer realidad las promesas del Código. Aprobada la ley, la discusión local y nacional se ha enfocado en los aspectos políticos e institucionales derivados de su implementación. Todo esto cambió el pasado 24 de septiembre.

Ese día, en las oficinas de EL TIEMPO, tuvo lugar el foro 'Gasto social para los derechos de la infancia en el Presupuesto Nacional de 2010', que marcó un hito en la corta vida del Código de la Infancia y Adolescencia. Al foro asistieron representantes de las principales autoridades nacionales en temas del presupuesto nacional -como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Protección Social, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República- y participaron en un diálogo sobre el gasto social previsto en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2010, en favor de los niños, niñas y adolescentes.

Se identificaron varias ideas comunes. Se destacó la importancia de la inversión en la infancia para el desarrollo del país, especialmente en el contexto de la actual crisis económica. La experiencia ha mostrado que las crisis económicas afectan con mayor severidad a los niños, niñas y adolescentes, particularmente a quienes pertenecen a grupos pobres y vulnerables. Por ello, se resaltó la necesidad de "blindar" el gasto público social y garantizar que sea progresivo, eficiente y efectivo.
En segundo lugar, hubo consenso sobre la necesidad de abordar las disparidades entre los departamentos y las regiones colombianas en los indicadores de salud, nutrición, educación y protección de la niñez. Para solucionar estas disparidades hay que asegurar los recursos necesarios en los territorios y las poblaciones que tienen indicadores sociales por debajo del promedio nacional.

Además, es imperativo contar con la información y los mecanismos apropiados para vigilar la ejecución del gasto público social. Como dijo el Contralor General de la República, además de asegurar el suficiente gasto público social, hay que garantizar que este se traslade oportunamente a las unidades ejecutoras y que sea aplicado con criterios de eficiencia, efectividad, equidad y transparencia. De acuerdo con su informe, en el 2008, ¡el 56 por ciento de los municipios del país no ejecutó los dineros asignados para la infancia!

En tercer lugar, hubo evidencias sobre los avances logrados en la implementación del Código en los tres años de su vigencia. A pesar de haber sido considerado como una utopía durante el debate en el Congreso, al entrar en vigencia ha empezado a transformar el ámbito de las políticas públicas en el país.

El boom registrado en los últimos años en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a los derechos de los niños y niñas se debe, en gran medida, al marco jurídico y normativo que aporta el Código de la Infancia y la Adolescencia a partir de su aprobación en el 2006.

A pesar de que el foro del pasado 24 de septiembre muestra la influencia que el Código ya ejerce sobre el proceso presupuestal, existen vacíos en la legislación que impiden el seguimiento adecuado de la asignación y ejecución del gasto público social a favor de niños y adolescentes. Hubo consenso entre el Contralor General de la República y los representantes del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional sobre la necesidad de modificar el Estatuto Orgánico del Presupuesto para que responda a los nuevos marcos jurídicos y permita identificar y hacer seguimiento a los recursos que benefician a poblaciones específicas, como la niñez.

Finalmente y, a título personal, el gran aporte del foro fue socializar y transmitir clara y concisamente elementos principales del debate presupuestal con las implicaciones de las decisiones sobre el gasto público social en la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Los temas fiscales, considerados como la 'caja negra' de la política pública, por ser de dominio exclusivo de algunos técnicos, deben ser conocidos por las organizaciones, los líderes de opinión y la sociedad civil. Si la participación ciudadana para exigir los derechos, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos claves en la consolidación democrática, es de suma importancia continuar avanzando para facilitar estos procesos. Solamente así podemos hablar realmente de políticas sociales y económicas públicas.

Paul Martin
Representante de UNICEF en Colombia
www.unicef.org/lac
www.unicef.org/co

 

 

 

 
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