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Carta de UNICEF sobre la Justicia Penal Adolescente

Carta de UNICEF sobre la Justicia Penal Adolescente

En el marco del debate público sobre seguridad ciudadana y los delitos cometidos por los adolescentes, UNICEF entiende que es importante recordar que en Uruguay las personas de entre 13 y 18 años que cometen delitos no gozan de impunidad.

Uruguay, a través de la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 17.823 de setiembre de 2004), adecuó su legislación interna a los principios y derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, dando cumplimiento al compromiso asumido por el Estado con su ratificación.

En materia de Derecho Penal Juvenil, el Código prevé un proceso especial de atribución de responsabilidad penal para los adolescentes que infringen la ley. Dicho proceso implica el sometimiento a un juicio específico para las personas comprendidas entre los 13 y 18  años de edad,  que pueden recibir una sanción penal específica si se comprobara su responsabilidad en el delito del cual se les acusa.

Este Código establece un conjunto de delitos considerados “infracciones gravísimas a la ley”,  (homicidio, violación, rapiña, secuestro, etc.) y además hace referencia a todas aquellas figuras delictivas previstas en el Código Penal. Además, los magistrados cuentan con amplias facultades sancionatorias para disponer la privación de libertad, aún como medida cautelar, es decir, como medida previa antes de determinar si efectivamente el adolescente cometió o no el delito.

La legislación penal uruguaya para adolescentes prevé penas de privación de libertad que no son de corta duración, teniendo en cuenta la edad de las personas que pueden ser objeto de las mismas. En Uruguay los adolescentes pueden ser condenados hasta con cinco años de privación de libertad, pena que si ya es dura  para un adulto, lo es mucho más para una persona que está en pleno proceso de desarrollo.

Por estas razones  UNICEF considera que la discusión debería enfocarse  sobre la efectividad del funcionamiento del sistema penal juvenil. Existen aspectos críticos que cuestionan su eficacia y son motivo de preocupación. En particular los que refieren a las condiciones de los establecimientos de privación de libertad.

Los informes de organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, como el del Comité de los Derechos del Niño de Uruguay, o el informe del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Alfred Novack, son contundentes en afirmar que no existe una política de intervención socioeducativa para los adolescentes que cumplen penas de privación de libertad tal como se establece en el Código.

Algunas de las graves deficiencias señaladas evidencian que no hay proyectos educativos, que predominan las horas de encierro, el aislamiento, el hacinamiento y la discrecionalidad en el manejo de los reglamentos internos.

Por otra parte, es un hecho constatado que las condiciones de seguridad de los establecimientos para adolescentes son sumamente insuficientes, reiterándose fugas y motines, que hacen inviable el cumplimiento del objetivo educativo de la sanción penal para adolescentes en conflicto con la ley. En este contexto, la única función que cumple la sanción es la del castigo.

En consecuencia estas circunstancias generan efectos contrarios a aquellos que se pretenden prevenir, creando en la sociedad un sentimiento de desconfianza en el sistema de administración de Justicia y el reclamo de diferentes sectores que proponen como solución el endurecimiento de las penas. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que estas soluciones no hacen más que generar terreno fértil para una mayor inseguridad y disminución de garantías.   

Por último, si bien UNICEF comprende la preocupación del sistema político y de la ciudadanía en general por la seguridad ciudadana,  y cree pertinente señalar que todos los estudios y datos oficiales relevados en los últimos años muestran que el peso de los delitos cometidos por los adolescentes es sumamente menor en el total de los delitos. De hecho, si se toman los últimos datos de la división planeamiento del Poder Judicial, en 2006 los asuntos penales iniciados a adolescentes representaban el 4,54 % del total de los asuntos penales y en 2007 el porcentaje se mantiene estable representando el 4.56%.

En conclusión UNICEF considera que el debate debería desarrollarse basándose en un adecuado dimensionamiento del fenómeno y en la necesidad del establecimiento de un sistema que brinde garantías a los adolescentes y a la ciudadanía en general. En ese sentido UNICEF se  propone continuar colaborando con el país para la construcción de datos confiables y consensuados y contar con un sistema de justicia penal juvenil acorde a los estándares establecidos en la Convención.


Egidio Crotti
Representante de UNICEF en Uruguay

 

 
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