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Declaración de UNICEF ante el debate sobre la ley de justicia penal juvenil

Por un sistema de justicia penal juvenil centrado en la educación, el respeto y la generación de oportunidades
 
Buenos Aires, 18 de abril de 2009- UNICEF considera importante señalar que una nueva ley nacional de justicia penal juvenil debe impulsar un efectivo tratamiento y acompañamiento  a los adolescentes en conflicto con la ley penal a nivel provincial y local en todo el país.  De hecho el “Régimen penal de la minoridad”, vigente desde la última dictadura militar, se ha revelado inadecuado para garantizar un tratamiento adecuado para los adolescentes que cometen delitos y para aplicar medidas capaces de lograr la reinserción social y la disminución de la reincidencia, como lo indica la Convención sobre los Derechos de Niño (CDN).

Es imprescindible que la ley sea acompañada por una inversión presupuestaria suficiente y adecuada que posibilite una transformación de las políticas y servicios actuales de acuerdo a los postulados de la CDN, para garantizar a los jóvenes infractores retomar su educación, su formación para la vida social y para el trabajo. Es decir, un sistema que provea oportunidades para acceder y aprender las herramientas necesarias para poder construir nuevos futuros, lejos de la exclusión y la violencia.

La CDN, que tiene rango constitucional en Argentina, en su articulo 40 propone garantías procesales y un modelo especializado de atención para los adolescentes que hayan cometidos infracciones a la ley penal. Este se caracteriza por su fuerte enfoque pedagógico dirigido a fomentar en los jóvenes su sentido de responsabilidad y su respeto por los derechos y las libertades fundamentales de terceros. Por esto tiene en cuenta que la personalidad del adolescente está en formación y las posibilidades concretas de lograr su reintegración social. Asimismo prevé que los poderes judiciales y ejecutivos apliquen medidas no privativas de la libertad para la mayoría de los delitos y, por períodos más breves que en los adultos, medidas de encierro para aquellos delitos muy graves, siempre brindando, en todos los casos, servicios de elevada calidad y adecuados para un tratamiento efectivo.

Las acciones que pueden enfrentar con eficacia la variedad de los problemas de inseguridad del país son integrales, complejas y de diversa índole. Estas implican cambios culturales en todas las generaciones que sean superador de la violencia, más esfuerzos de inclusión social y represión del crimen organizado. Los cambios en la legislación y en los tipos de respuesta que se da a la comisión de ilícitos por parte de  jóvenes representan una parte de la solución.

Datos del amplio estudio realizado por UNICEF, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y la Universidad Tres de Febrero (UNTREF) revelan grandes desafíos que es necesario continuar abordando con celeridad en las diversas provincias: un tercio de los lugares de detención de adolescentes infractores no son especializados, sino que lo conforman comisarías o servicios penitenciarios de adultos, donde es imposible garantizar un tratamiento adecuado, especializado y eficaz. También señala, como un aspecto crucial, la existencia todavía escasa de programas efectivos de atención sin encierro, junto con el deficitario acceso a la educación formal e informal de los adolescentes atendidos en institutos.

UNICEF reitera su compromiso con el país, y especialmente con las personas menores de 18 años, facilitando la búsqueda de consensos para promover una legislación y un sistema de justicia penal juvenil  pedagógico, efectivo para la reintegración social y con pleno apego al cumplimiento de sus derechos.

Para mayor información:
María José Ravalli, mjravalli@unicef.org, UNICEF Argentina
Tamar Hahn, thahn@unicef.org, UNICEF América Latina y el Caribe

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Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150 países y territorios para ayudar a garantizar a los niños y las niñas  el derecho a sobrevivir y a desarrollarse desde la primera infancia hasta la adolescencia. UNICEF es el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, trabaja para mejorar la salud y la nutrición de la infancia; el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad; la educación básica de calidad para todos los niños y niñas y la protección de los niños y las niñas contra la violencia, la explotación y el VIH/SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.


Estudio realizado por UNICEF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF) - (2008):
Adolescentes en el sistema penal. Situación actual y propuestas para un proceso de transformación.

Datos destacados
• El estudio relevó los casos de 6294 adolescentes y jóvenes de todo el país que se encuentran incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial, de los cuales 1799 (29%) se encuentran en establecimientos de privación de la libertad cerrados o semi-cerrados, y el 71% restante en programas no privativos de la libertad.
• De los 119 establecimientos de privación de la libertad que existen, 39 de ellos (33%) no son especializados para adolescentes, sino que permiten el encierro (mayor a 72 horas) en comisarías (21%) o en servicios penitenciarios de adultos (12%), en contradicción con la CDN y la Ley Nacional de Protección.
• Existen 25 programas no privativos de la libertad de acompañamiento para la población adolescente infractora o presunta infractora a la ley penal, pero en su mayoría se trata de programas no especializados en la temática, 9 provincias cuentan con un programa específico, tipo programa de libertad asistida o similar.
• En relación al acceso a derechos en establecimientos, se centran los grandes desafíos del sistema: garantizar el pleno acceso a la educación con mayor cantidad y calidad educativa, formación para el empleo, acceso a salud y tratamiento, etc.
• La tipología de los delitos que dan origen al ingreso a establecimientos es un dato difícil de analizar y hay bastante faltante de información (25%). De todas formas, se puede ver que el 70% de las entradas está relacionada con delitos contra la propiedad, siendo su número más importante la modalidad “sin armas” (38%).
• En el tiempo de permanencia en institutos, se destaca un 29%  entre 1 a 4 meses, un 15% menos de 1 mes, otro 15% entre 7 meses y 1 año, y un 9% entre 4 y 6 meses.
• 81% de la población en establecimientos tiene entre 16 y 18 años, frente al 18% menor a 16 años (se excluye S/D).
• La población de adolescentes mujeres en establecimientos es del 8% y del 17% en programas. Los varones forman el 90% de la población en establecimientos, y el 60% en  los programas.
• La ausencia de datos en relación a la población en programas no privativos de la libertad es un dato en sí mismo. En relación al género, la población atendida masculina-femenina es 17%-61% con un faltante de 22%. En relación a la edad, el 28% tiene entre 16 y 18 años, el 7% menos de 16 años, con un faltante de 63% de datos.

 

 
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