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Declaración de UNICEF en el marco del debate sobre los adolescentes y el sistema de justicia penal

Buenos Aires, 05 de diciembre, 2008 - En la discusión actual sobre la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal y la respuesta estatal en Argentina, UNICEF resalta que es necesario avanzar en las reformas legales, nacionales y provinciales, y en los cambios institucionales para establecer en todo el país un sistema especializado de justicia penal para adolescentes que sea respetuoso de los derechos y garantías consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

A nivel nacional, es imperioso que se derogue el actual régimen de minoridad establecido en los años de la  dictadura. Este permite que a los adolescentes de este país se les puedan aplicar penas de adultos y que, de manera discrecional, se le impongan medidas privativas de la libertad o ninguna medida, sin prever adecuadamente posibilidades alternativas que apunten a su reinserción social.  De esta manera no se refuerza su desarrollo ni su sentido de responsabilidad, ni se reduce el riesgo de que nuevamente reincidan en delitos. En este mismo sentido se ha manifestado recientemente la Corte Suprema de Justicia que requirió al poder legislativo la adecuación de la legislación a los instrumentos internacionales, y a los poderes administrativos la implementación de medidas, refiriéndose a servicios de atención justos y apropiados para los adolescentes infractores a la ley penal.

Es urgente, además, que las provincias inicien o profundicen las reformas legales y la organización de sus sistemas de justicia penal juvenil. Más allá de una nueva ley nacional, las leyes provinciales pueden garantizar que cada adolescente sea sometido a un debido proceso penal y que se le apliquen medidas alternativas a la privación de libertad durante el mismo, cuando esto sea necesario y apropiado.

UNICEF también considera imprescindible que las administraciones adecuen sus programas y políticas a los postulados de la CDN, en el sentido de disponer de una amplia gama de programas y servicios alternativos de buena calidad, junto a servicios especializados privativos de la libertad aplicados selectivamente, solamente para delitos muy graves. Todos estos,  funcionando de manera coherente y armonizada, serán capaces de promover la inclusión social plena a la cual tienen derecho todos los adolescentes. En un estudio reciente elaborado por la Secretaría de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (SENNAF), la Universidad Nacional de Tres de Febrero y UNICEF, identificaron como un aspecto crucial la escasa existencia de estos programas y su poca especificidad, junto con el deficitario acceso a la educación formal e informal de los adolescentes atendidos en establecimientos.

Durante los últimos meses UNICEF ha participado de diálogos con especialistas y con autoridades provinciales y municipales, y en capacitaciones de operadores de los sistemas de justicia. En todos los ámbitos se ha subrayado la necesidad de atender a los adolescentes infractores de la ley, insistiendo en que se deben ponderar debidamente las necesidades de protección y el desarrollo de los adolescentes con estrategias que sean realmente efectivas para obtener una convivencia social pacífica. Asimismo ha contribuido a ampliar y difundir el conocimiento de la situación de los adolescentes infractores, y presuntos infractores, de la ley penal recluidos en los diversos servicios penales juveniles del país con el propósito de mejorar su condición y garantizar el respecto de todos sus derechos, considerando las alternativas de acción más adecuadas.

La semana próxima la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, junto a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia y UNICEF, realizarán unas jornadas nacionales dedicadas al análisis de las experiencias existentes en el país sobre programas y servicios penales juveniles alternativos a la privación de la libertad. A partir de estas experiencias se espera generar consensos amplios sobre las estrategias para ampliar su aplicación con calidad.

UNICEF reitera su compromiso con el país, y especialmente con las personas menores de 18 años, de promover un sistema de justicia penal y una legislación que asegure la plena vigencia de los derechos de las personas a las que se les aplique, en cumplimiento del mandato explícito que la Convención sobre los Derechos del Niño impone.

Para mayor información
María José Ravalli, mjravalli@unicef.org Cel. 15-5737-3809 / Tel: 5093-7100 ext.154
Paula A. Chinellato, pchinellato@unicef.org Cel: 15-5745-2824 / Tel: 5093-7100 ext.144 
Tamar Hahn, thahn@unicef.org , UNICEF América Latina y el Caribe

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Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. UNICEF es el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, y apoya la salud y la nutrición de la infancia, el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad, la educación básica de calidad para todos los niños y niñas, y la protección de los niños y las niñas contra la violencia, la explotación y el SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.

 

 
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