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Que la recesión no arrase con nuestros niños - Una cruzada por la defensa del gasto social en la niñez Colombiana

Olga Lucía Acosta, Directa de CEPAL en Colombia
Paul Martin, Representante de UNICEF

Bogotá, Colombia, 10 de septiembre, 2008 - La desaceleración del crecimiento económico ha resultado mayor de lo previsto. El reciente informe del DANE sobre la expansión económica en el segundo trimestre del año, provocó la reducción en los estimativos del Ministro de Hacienda y de analistas privados que ahora prevén un crecimiento de 4% o algo menos para el 2008. Los resultados menos favorables para este año y para el 2009 exigen reforzar la defensa de los logros en materia social y en particular los asociados a la protección de la niñez Colombiana.

En el último quinquenio, el país ha logrado avances importantes en el reconocimiento de los derechos de la infancia y en sus condiciones de vida.  La tasa de mortalidad infantil disminuyó casi un 50% en la última década. A mediados de los 90 morían 31 niños y niñas menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos; en el 2005 esta tasa se redujo a 16. También ha habido una notoria expansión en la cobertura de servicios sociales básicos como salud, educación y abastecimiento de agua y saneamiento, principalmente en las zonas urbanas.

Aunque estos logros son extraordinarios, aún son insuficientes. Ser niño hoy en Colombia significa para muchos enfrentarse a los obstáculos y riesgos asociados a la pobreza, a la falta de oportunidades, a la ausencia de entornos protectores que garanticen su desarrollo saludable y su protección integral.
 
Invertir en la infancia tiene una tasa de retorno muy alta: mejora el desempeño escolar, la salud y la nutrición y en el largo plazo incrementa la productividad del niño. También genera ahorros para el Estado al reducir la necesidad de asistencia social y las tasas de criminalidad, entre otros. Estudios de un equipo de investigadores estadounidenses concluyen que por 1 dólar invertido en programas de educación infantil temprana, la sociedad recibe un retorno de más de $7 dólares.

La inversión en la infancia también está fuertemente enraizada en los derechos humanos. La Constitución Política califica los derechos de niños y niñas como fundamentales y prevalentes sobre los derechos de los demás. Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) aluden a la obligación del Estado de garantizar la asignación de los recursos necesarios para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el cumplimiento de las políticas públicas a su favor. 

Para poner en práctica los principios y las normas establecidas en estos instrumentos, se requiere de políticas públicas orientadas a garantizar la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Dado que la implementación de estas políticas públicas requiere de una inversión social suficiente, eficiente y equitativa, las políticas presupuestarias juegan un rol fundamental en la garantía de los derechos de la niñez.  El monto y la distribución de los recursos públicos asignados al cumplimiento de sus derechos reflejan en gran medida la prioridad que el Estado asigna al 40% de la población, conformado por niños y niñas.

El gasto público social en Colombia

En línea con lo anterior, resulta de interés examinar el comportamiento del gasto público social en los últimos años.
 
A partir de la información del Anexo de Gasto Social de la Ley de Presupuesto del 2003 y del Proyecto de Ley del 2009, se evidencia que el gasto público social pasó de representar el 41% del Presupuesto General de la Nación (PGN) en el 2003 al 51% en el 2009. El país ha realizado un notable esfuerzo para aumentar la proporción del PGN orientado al gasto social. Sin embargo, la Contraloría General de la República al igual que reconocidos centros de investigación han reconocido la carencia de una definición precisa del gasto social, pues la definición amplia del mismo en el Estatuto Orgánico de Presupuesto permite la inclusión de rubros que no contribuyen a la disminución de la pobreza, la redistribución del ingreso y la riqueza o la acumulación de capital social. Una tarea importante es avanzar hacia una definición consensuada del gasto público social y los rubros que hacen parte del Anexo de Gasto Social, de tal manera que se le pueda hacer un seguimiento riguroso a éste y garantizar que cumpla con los principios de equidad, eficacia y eficiencia.
 
El componente de mayor participación en el gasto social en el período 2002-2009 es el de protección social que representaba el 35,7% del PGN en el 2002 y que llegaría en el 2009 a 43% del PGN (excluyendo la deuda pública nacional). El componente de protección social juega un rol importante en el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, puesto que comprende la atención a la familia, la niñez y la adolescencia; la atención a la población vulnerable, la protección y atención de grupos étnicos, jóvenes y población con limitaciones, entre otros. No obstante, es importante resaltar que en el 2009, el gasto en pensiones equivaldría al 57% de los recursos del componente de protección social y como lo demostraron los estudios de la Misión para Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, el gasto en pensiones no beneficia a la población más pobre. Esto implica que menos de la mitad de los recursos en la categoría de protección social está siendo asignada a intervenciones que pudieran tener un impacto sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad.
 
El gasto social en Colombia frente al de otros países de América Latina
Colombia duplicó su gasto social en los últimos 15 años, pero se necesitan esfuerzos adicionales. Según datos recientes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) , mientras que el gasto social per cápita promedio para 21 países de América Latina y el Caribe en el período 2004-2005 fue de $658 dólares, en Colombia fue de $291 dólares. Vale la pena anotar que la metodología utilizada por la CEPAL para la cuantificación del gasto público social es diferente a la utilizada por el Gobierno Nacional.
 
Al analizar la prioridad macroeconómica del gasto social –que contextualiza la inversión social con el tamaño de la economía- se evidencia que el gasto público social en Colombia para el período 2004-2005 representó el 13,4% del PIB, lo cual está por debajo del promedio regional de 15,9%.

Proteger el gasto social en períodos de desaceleración económica
En la crisis económica que vivió el país al final de los 90, la pobreza pasó del 50% en 1997 a cerca del 60% en 2000 (83% en zonas rurales). Entre 1999 y 2000, el número de pobres creció en 2 millones de personas. La crisis económica tuvo un fuerte impacto en la población infantil. Al crecer el desempleo y la pobreza, subió la deserción escolar, especialmente en educación media y superior y más niños, niñas y adolescentes se vincularon al mercado laboral. La crisis también afectó el acceso de las familias a los alimentos. Según la Encuesta de Calidad de Vida del 2003, el 20% de los hogares urbanos del quintil 1, aseguraron que por falta de dinero, algún miembro del hogar había dejado de consumir las tres comidas durante uno o más días de la semana anterior a la encuesta.

Es necesario aprender de la experiencia y garantizar que el gasto público social se convierta no sólo en un instrumento para proteger a la población vulnerable de las repercusiones de la crisis económica, sino también en una herramienta para reactivar la demanda y retornar a la senda de desarrollo sostenible. Tanto la teoría como la experiencia nos enseñan que una población infantil y adolescente con educación, saludable, bien nutrida y protegida, más que contribuir al desarrollo económico, es uno de sus principales prerrequisitos.

Para mayor información
Marisol Quintero, mquintero@unicef.org, UNICEF Colombia

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Acerca de UNICEF
UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150 países y territorios para ayudar a garantizar a los niños y las niñas  el derecho a sobrevivir y a desarrollarse desde la primera infancia hasta la adolescencia. UNICEF es el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, trabaja para mejorar la salud y la nutrición de la infancia; el abastecimiento de agua y saneamiento de calidad; la educación básica de calidad para todos los niños y niñas y la protección de los niños y las niñas contra la violencia, la explotación y el VIH/SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.

 

 
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