Posición de UNICEF ante el informe presentado por el Comité de los Derechos del Niño sobre la Colonia BerroMontevideo, 13 de marzo 2008 - Ante la divulgación del informe presentado por el Comité de los Derechos del Niño sobre los resultados de las visitas a los establecimientos de máxima seguridad de la Colonia Berro, donde se denuncian serias violaciones a los derechos humanos de los adolescentes recluidos, UNICEF reitera la necesidad de que el país comience a transitar un proceso de adecuación institucional a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y demás compromisos internacionales asumidos por los gobiernos en la materia. También el organismo internacional solicitó una reunión con el presidente del Instituto del Niño y del Adolescente, (INAU), Víctor Giorgi, para plantear su preocupación por la situación detallada en el informe y para buscar mecanismos entre las partes involucradas que contribuyan a solucionar este problema. UNICEF recuerda que se trata de adolescentes que han sido enviados por las autoridades judiciales por cometer alguna infracción a la ley penal. En la CDN se dice que a las personas menores de 18 años se les deben aplicar sanciones de carácter educativo, para que aprendan que con su comportamiento vulneraron derechos de terceros y en consecuencia asuman una posición constructiva en la sociedad. Por estos motivos, UNICEF entiende que la privación de libertad es el último recurso que debe aplicarse a los adolescentes. Según señala el informe, al momento de la visita – octubre de 2007- había 250 adolescentes en la Colonia Berro. UNICEF recuerda que si lo comparamos con un país como Costa Rica, con características demográficas similares a Uruguay, nos encontramos con que hay 45 adolescentes privados de libertad, es decir, menos de una cuarta parte. "En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados su reeducación, (…)", según indica la Constitución de la República. Asimismo, la CDN, ratificada por Uruguay hace casi 18 años, obliga a los Estados a velar para que: "Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". En resumen, UNICEF expresa su preocupación por la situación denunciada y reitera la necesidad de fortalecer la voluntad para que la ley se transforme en realidad, las autoridades judiciales privilegien las sanciones no privativas de libertad, la sanción penal a los adolescentes contenga todos los elementos educativos que permitan revertir su conducta en su propio beneficio y en el de la sociedad, y que el encierro se vuelva verdaderamente el último recurso y sea administrado en condiciones dignas y por personal capacitado. CIFRAS DE INTERÉS
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