Educación de calidad y protección de la infancia y adolescencia
Acceso a una educación de calidad y protección de la infancia y adolescencia componen la segunda área del Programa de Cooperación 2012-2016. Se constituye en base a varios proyectos: Acceso a una educación de calidad
También contribuirá a aumentar la cobertura de matrícula escolar del 90% a un 93%, favoreciendo la estrategia de descentralización de la educación y velando para que ésta no aumente las disparidades geográficas. El país debe aunar esfuerzos para alcanzar esta meta mediante la estrategia de Educación para Todos, que cuenta con importante apoyo internacional.
Se hará hincapié en la identificación e incorporación de niñas y niños excluidos del sistema educativo -que actualmente son casi 117,800 y constituyen el 6 % de la población total en edad escolar-, quienes residen en zonas rurales y trabajan, quienes provienen de pueblos indígenas y quienes tienen algún tipo de discapacidad. El ‘Informe estadístico de población escolar con discapacidad y necesidades educativas especiales’ (2010), indica que solamente el 43% del total de niñas y el 57% de los niños con discapacidad se encuentran dentro del sistema educativo.
Para promover la retención escolar de la población infantil indígena, se favorecerá el establecimiento y desarrollo de un entorno pedagógico intercultural bilingüe. Se promoverán alternativas flexibles para asegurar la continuidad del derecho a la educación de niñas y niños que trabajan. Se promoverá la incorporación al sistema educativo de al menos 16.564 niñas y niños con discapacidad, que actualmente están excluidos del sistema.
La adolescencia hondureña tiene limitado acceso a la educación, ya que solamente seis de cada diez estudian. Su temprana inserción en el mercado laboral les excluye de oportunidades educativas y de otras ventajas sociales. En promedio, comienzan a trabajar a los 14,3 años de edad, particularmente en el sector rural.
Se contribuirá a poner en vigencia un sistema nacional de certificación de calidad de los establecimientos escolares. En 2016, se contará con una política nacional de mejoramiento de la calidad de la educación por medio de la descentralización, con un enfoque incluyente. Se contribuirá igualmente a mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información estadística del sistema educativo y al mejoramiento continuo del Registro Nacional Escolar.
La población joven y adolescente es, frecuentemente, quien sufre la violencia en mayor medida: casi la mitad de las víctimas de los homicidios ocurridos entre 2007 y 2009 tenían entre 15 y 29 años. Un promedio de siete jóvenes murió cada día debido a la violencia durante 2010. Un estudio sobre maras y pandillas hecho ese mismo año estimaba que entre sus integrantes hay más de 5,000 adolescentes y jóvenes de entre 14 y 25 años, incluyendo 900 adolescentes mujeres. Estas personas tienen baja escolaridad y frecuentemente han sido víctimas de violencia intrafamiliar.
El Sistema de Justicia Penal Especial, que atiende a la adolescencia en conflicto con la ley, establece que la privación de libertad debe ser la última medida en aplicarse, pero es la modalidad más generalizada para sancionar infracciones penales. Aún queda mucho por hacer en materia de prevención de la violencia social hacia la población adolescente y para ampliar la gama de alternativas de reinserción social de quienes han infringido la ley.
Entre los resultados previstos, para el año 2016, se espera que las y los adolescentes -especialmente aquellas personas más vulnerables, como quienes viven en áreas urbanas marginales, indígenas o afrohondureños- estén empoderados y participen en el reconocimiento de sus derechos, con el fin de lograr su máximo potencial mediante el aumento de mayores oportunidades de aprendizaje.
Prevención de VIH/SIDA y embarazo adolescente
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