Gasto socialEl gasto social, que apenas llega al 5% del Producto Interior Bruto, muchas veces ha sido pospuesto en beneficio de otro tipo de gasto del Estado, a pesar de tener una muy baja inversión en educación y salud. Aunque a partir de los Acuerdos de Paz se ha elevado la inversión social del Estado, aún es insuficiente.
En el ámbito local, es decir, a nivel municipios y comunidades, el escenario es esperanzador, ya que en los últimos años se ha iniciado un proceso muy serio de descentralización como parte del cumplimiento de los Acuerdos de Paz. A través de leyes sucesivas, como la Ley de Descentralización, La ley de Consejos de Desarrollo o el Código Municipal, se están asentando las bases para una acción más descentralizada de los servicios sociales y de protección de la infancia. Se ha creado un sistema de participación con carácter vinculante al incremento del presupuesto público. Junto a este marco positivo, todavía se observa muy débil el desarrollo institucional de las municipalidades, los actores fundamentales de este proceso. Aunque las municipalidades tienen un ingreso mínimo asegurado -el 10% del presupuesto público-, más una serie de impuestos a vehículos, combustibles y fondos de solidaridad procedentes del Impuesto al Valor Agregado, IVA, aún no gozan de una capacidad institucional eficiente, ya que sus sistemas de planificación son muy incipientes y su gestión muy limitada. La estrategia de UNICEF ha sido movilizar esfuerzos, sensibilizar a la opinión pública, comprometer a todos los sectores nacionales y hacer de puente entre sectores alrededor de una agenda de la infancia. Otra línea de trabajo de UNICEF es el apoyo de monitoreo y auditoría de la inversión social. Esta línea exige que en el país se instale un sistema de información que permita identificar a toda la inversión social, desde el proceso de formulación al de elaboración presupuestaria, la aprobación parlamentaria, así como su ejecución en términos de calidad y cantidad.
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