Adolescencia
Los adolescentes y la violencia Los adolescentes son particularmente vulnerables a las dinámicas de violencia que afligen al país. Según la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG, el 80% de las víctimas fallecidas por arma de fuego tiene entre 15 y 17 años. Casa Alianza reportó en el año 2003 un promedio mensual de 18 muertes de personas menores de edad en la capital. En este contexto se inserta el fenómeno de jóvenes integrantes de pandillas y maras. Existen diferentes estadísticas sobre el número de pandillas en el país y los jóvenes que las integran. La Alianza para la Prevención del Delito, APREDE, estima el número entre 150.000 y 200.000 miembros de pandillas. Existe una inadecuada comprensión del fenómeno de las pandillas y la violencia por parte de las autoridades, así como de la sociedad civil. Por las raíces profundas del fenómeno, es necesario un abordaje integral que considere el contexto global de relación entre pobreza y desigualdad, un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de protección integral y no de mera represión. Entre las causas principales de la violencia en el país, destaca una historia violenta y el conflicto armado; una cultura de la violencia; ausencia del Estado; violencia organizada; pobreza y desigualdad; migraciones y destrucción de las instituciones sociales.
Garantías procesales para los jóvenes Otro problema serio por el que atraviesa la adolescencia es la falta de respeto a sus garantías procesales cuando son sometidos a un proceso judicial. No existía una ley que regulara la forma específica y que respetara las garantías de un adolescente en conflicto con la ley. En la actualidad, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia ha venido a mejorar el debido proceso y su aplicación, contempla un procedimiento penal apropiado para adolescentes en conflicto con la ley. Las personas que juzgan a los adolescentes deben tener conocimiento específico de esta legislación y de este procedimiento especial, ya que la única sanción que se encontraba para estos adolescentes era el internamiento. Está demostrado que ésta no es la mejor alternativa para un adolescente que ha cometido un delito. El número de adolescentes privados de libertad en Guatemala oscila entre los 150 y 200 varones por mes. El de mujeres se sitúa alrededor de unas 50. En el 2003, había 220 adolescentes internados por acciones delictivas en los centros de la Secretaría de Bienestar Social, con la Ley de Protección, esta cifra bajó en 2004 a 130 adolescentes internados. Desde el año 2000 se viene impulsando la implementación de sanciones alternativas a la cárcel, ya que según la Convención de los Derechos del Niño y las directivas de Naciones Unidas sobre adolescentes en conflicto con la ley, establecen que la privación de libertad debería ser una medida excepcional. En esa dirección está orientada la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y son los mecanismos que se promueven. UNICEF junto a otras agencias del Sistema de Naciones Unidas colaboran con el Ministerio de Gobernación para apoyar los temas relacionados con niñez víctima y adolescentes en conflicto. De manera específica, se apoya la creación de la Unidad de Atención a la Niñez dentro de la Policía Nacional Civil. Sus funciones específicas son la atención a la víctima, la prevención del delito y la investigación criminal en casos de violencia contra niños. En el caso de adolescentes en conflicto con la ley en los procedimientos judiciales, UNICEF tiene suscrito un convenio con el Organismo Judicial para capacitar a Jueces de Pad de Primerade la niñez y adolescencia, que es la nueva figura que crea la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, LPINA. El proyecto ha dado frutos evidentes: los Jueces utilizan el procedimiento que establece la LPINA, enmiendan las deficiencias que encuentran en su mismo operar y las discuten con otros Jueces. UNICEF trabaja también en la implementación de procesos penales para adolescentes en conflicto con la ley, según los principios de la Convención de los Derechos del Niño, promoviendo el uso de sanciones alternativas a la privación de libertad. Se ha implementado el Programa de Libertad Asistida en cinco regiones del país y el Programa de Servicio Comunitario en otras tres regiones de Guatemala. El Programa de Libertad Asistida fue institucionalizado por la Secretaría de Bienestar Social el año 2003 con fondos gubernamentales. Ambos programas se han implementado en 5 regiones del país y desde el 2001 han atendido a más de 600 adolescentes.
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