Políticas Públicas y derechos

Protección

Polticas públicas en favor de la infancia

 

Programa para fortalecer medidas de protección a los Adolescentes Infractores

En las décadas pasadas tanto a nivel nacional e internacional, las personas menores de edad, eran consideradas en el ámbito jurídico como objetos que no tenia derechos y no se escuchaba su opinión
© UNICEF/Ecuador2011-1567

En las décadas pasadas tanto a nivel nacional e internacional, las personas menores de edad, eran consideradas en el ámbito jurídico como objetos de intervención (en términos legales esto significa que no tenia derechos, no se escuchaba su opinión, era considerado incapaz y que él o ella no tenía un claro discernimiento). Dicha situación, generó un análisis enfocado al cumplimiento de sus derechos y con la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el año 1989, y su entrada en vigencia en el  año 1990, cambia esta concepción.

En Ecuador, los cambios se dan con la promulgación del Código de Menores, en 1992 y luego con la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia en el 2003. La entrada en vigencia del Código de la Niñez y Adolescencia significó formalmente la  incorporación de la doctrina de la Protección Integral y el reconocimiento de la niñez y adolescencia como sujetos de derecho. En el ámbito penal, se logro incorporar el derecho a la defensa,  a la participación e impugnación, así como a participar directamente en todos los procesos y procedimientos que se sigan en su contra, en los cuales las autoridades tienen la obligación de escuchar su opinión al respecto.

Es importante contar  con un ordenamiento jurídico que sea coherente con la Constitución de la República, la Convención de los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales, pero,  también es necesario que los funcionarios de los diferentes sectores del sistema de justicia penal juvenil, sea un personal especializado y con capacidad para interrelacionarse en las diferentes etapas del proceso, para que de esta manera se aplique, con rigurosidad profesional la normativa, y, así procurar la efectividad a los derechos declarados, tanto con respecto a quienes han quebrantado los derechos de otros –acción de responsabilidad-, como para aquellos/as que han sido víctimas –acción de protección-. Por  ello es necesario tener competencia para la administración de justicia especializada a menores de edad.

Desde el año 2009, UNICEF está apoyando técnicamente al Ministerio de Justicia en tres líneas estratégicas.

  1. Desarrollar un sistema de protección integral y reinserción social para  adolescentes en conflicto con la ley penal acorde a los estándares nacionales y los instrumentos de derechos humanos especializados en la materia.
  2. Promover un programa alternativo, participativo e integral que permita a los adolescentes convertirse en actores de su propio cambio. y
  3. Aportar en la implementación de un sistema de atención, prevención, protección y procesos de inter-aprendizaje que permita el fortalecimiento personal y desarrollo de diversas habilidades y lazos entre los  y las adolescentes y sus familias.

Con este proyecto se pretende proteger a 1’811,840 adolescentes entre 12 y 18 años a nivel nacional.

Dentro de este programa se esta implementando un nuevo sistema para monitorear y evaluar la Gestión de Calidad para la implementación de Medidas no Privativas de la Libertad, para mayor información revise el link a continuación:

 

 
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