Medios

Notas de prensa 2014

Notas de prensa 2013

Notas de prensa 2012

Notas de Prensa 2011

Notas de prensa años anteriores

Embajadores de Buena Voluntad

Publicaciones

Comunicación para el desarrollo

Artículos publicados en el diario El Telégrafo

Contactos de prensa

Área de Comunicación

 

UNICEF destaca necesidad de reforma al Código Penal

Quito, ene 25/05.-UNICEF felicita al Congreso Nacional, especialmente al Foro de Parlamentarias, a la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso, al CONAMU y  a organismos de la sociedad civil que están desarrollando propuestas de reforma al Código Penal, para castigar las graves violaciones contra los derechos de la niñez que son los delitos sexuales. 

El Código Penal ecuatoriano no contempla conductas delictivas como la pornografía infantil, el abuso sexual y la explotación sexual comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes.  Esto da lugar a la impunidad y a la ausencia de sanciones proporcionales al daño que este tipo de violaciones causan en las víctimas.

Estas conductas han sido consideradas como una de las peores formas de violación a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, pues impiden su desarrollo integral y perpetúan el círculo de violencia.

La explotación sexual, la trata de personas y otros fenómenos similares, son la expresión de un sistema basado en relaciones de poder, donde el más fuerte física, psicológica, emocional, económicamente, abusa del más débil, y en particular sobre los niños y niñas.

La condición que hace posible la existencia de estos delitos es, entonces, la relación de poder que el explotador, tratante, u otros, ejercen sobre la persona explotada.  Es necesario evidenciar estas relaciones de poder con claridad y definir la responsabilidad de “clientes”, explotadores, proxenetas, intermediarios, facilitadores y demás personas que intervengan, participen, “compren” o se beneficien del cometimiento de estos delitos.

UNICEF ha participado en procesos de reforma similares en otros países de la Región, particularmente en la República Dominicana, Chile, Costa Rica, Honduras y Panamá.  De la experiencia alcanzada, se permite formular varias recomendaciones de importancia.

Salvaguardar la dignidad humana y el derecho al sano desarrollo de la sexualidad
Los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes afectan todas las dimensiones de su vida, la integralidad de sus derechos humanos. Son actos de violencia que interrumpen su desarrollo integral: cognoscitivo, físico, emocional y psicológico de manera definitiva, provocando daños irreparables en su vida. UNICEF recomienda que las reformas que se realicen salvaguarden la dignidad humana y el derecho al sano desarrollo de la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes.

El consentimiento es irrelevante
Los distintos países que han realizado reformas han establecido que el consentimiento otorgado por una persona menor de edad en el cometimiento de estos delitos sexuales es irrelevante. Niños, niñas y adolescentes son personas que se encuentran en proceso de desarrollo, por lo que el ejercicio de sus derechos es progresivo en función de su madurez y crecimiento intelectual y emocional.  No gozan de autonomía plena, y por lo tanto no pueden “consentir” en ser abusados, explotados, violentados. Son atrapados y obligados por adultos que violentan sus derechos fundamentales.  Son víctimas, no responsables, por tanto no pueden ser culpabilizados por la violencia ejercida contra ellos.

La sanción al cliente
Quien realiza la acción delictiva debe ser sancionado. Fenómenos como la explotación sexual de personas menores de edad y la pornografía infantil pueden tener diferentes fases, realizadas por diferentes sujetos. Por ello, la propuesta propone sancionar a todos aquellos que participan en las diferentes fases. Se sanciona toda la cadena delictiva, desde la persona que hace de intermediario hasta el usuario.
La sanción a la figura del llamado “cliente”, es decir aquella persona que paga u ofrece pagar, directa o indirectamente, ya sea en dinero o cualquier otra forma, por mantener relaciones sexuales con personas menores de edad, marca una diferencia fundamental en la reforma que se quiere realizar, pues se busca atacar la “demanda”.

En relación al abuso sexual
Es de vital importancia que se identifique a las conductas delictivas con claridad y que se guarde coherencia entre los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales.  Es fundamental, como ya se ha hecho en otros países, tipificar con absoluta claridad el “abuso sexual en contra de personas menores de 18 años de edad”.  Hasta el momento, en el Ecuador sólo se ha utilizado la fórmula de “atentado contra el pudor”. Existen actos que se cometen en contra de niños, incluso de pocos meses de edad, que no requieren amenaza, y el concepto de pudor aún no existe para ellos.  En este caso, quien comete el delito abusa y/o aprovecha de la vulnerabilidad de los niños.  El adulto hace uso del “poder” frente al niño.

Cabe destacar que a nivel internacional, las legislaciones penales han tipificado este nuevo delito, en concordancia con los instrumentos de derechos humanos de la niñez ratificados por los Estados.    Es muy importante que en los delitos de exhibicionismo y acoso sexual, en caso de cometerse en contra de niños, niñas y adolescentes, se tipifiquen como abuso sexual.

El endurecimiento de las penas
Las reformas procuran el agravamiento de las penas como una respuesta de la sociedad a la gravedad del daño provocado en la víctima y a los daños causados por la conducta delictiva.  La pena cumple un papel preventivo general hacia la sociedad, y en especial hacia el potencial delincuente.
Cuando el delito ha sido cometido en contra de personas menores de edad se eliminan los atenuantes en estos delitos (es decir, se niega la posibilidad de reducción de la pena).  Se plantean penas más graves en aquellos casos en los que quien comete el hecho es un familiar o alguien que puede ejercer alguna forma de poder o influencia en el niño o niña. En caso de reincidencia en el cometimiento de estos delitos, se endurecen  las penas.
Asimismo, se sanciona con la muerte jurídica a las personas jurídicas que sean utilizadas o creadas con el propósito de cometer estos delitos. Los bienes de estas personas jurídicas sirven para indemnizar a las víctimas. En el caso de funcionarios públicos, la sanción suele consistir, además de la pena privativa de la libertad, en la destitución del cargo y la prohibición de volver a ejercer cargos públicos.  Tratándose de profesionales que en ocasión de su profesión o empleo cometan estos delitos, se prohíbe además ejercer la profesión o empleo.

La acumulación de penas
La concurrencia de delitos (la suma de los mismos) es común en estos fenómenos delictivos: la víctima no lo es sólo de pornografía infantil, sino que concurren abuso sexual, violación, inducción al consumo de sustancias estupefacientes y otras formas de violación de derechos, que hacen más grave el daño causado.  Las legislaciones de otros países acumulan las penas por cada tipo de delito.

Los delitos conexos
Por otro lado, dentro del proceso delictivo, se cometen determinados delitos que “facilitan”, “posibilitan” o “permiten” llegar al delito deseado finalmente. La falsificación de documentos, suplantación de identidad, inducción al consumo de drogas, entre otros, permiten la explotación sexual comercial, la trata con fines sexuales, la pornografía infantil. Estos delitos medios (o conexos), se suman al proceso.  Aunque afectan bienes jurídicos diferentes, al tener conexión con el delito final, se propone que en estas circunstancias se sancione de una manera agravada a quienes los cometen.

La claridad en la tipificación de las conductas y el endurecimiento de las penas, permitirá procesar y sancionar a quienes incurran en ellas.

La prescripción y restitución
En consecuencia con todo lo planteado, es necesario también que el derecho a iniciar un juicio o ejecutar una sanción, tenga un plazo especial de prescripción en consideración a que lo afectado

 

 
unite for children