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Comunicados de prensa 2011

Comunicados de prensa 2010

Opinión del Representante del UNICEF Bolivia

20 Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño

Revista HECHOS

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Día del Niño y Ley 2026, una convocatoria a re-pensar la infancia como primera prioridad

GORDON JONATHAN LEWIS, Representante
UNICEF Bolivia

Once años de implementación del Código Niño, Niña y Adolescente invitan a una mirada en retrospectiva sobre las implicaciones que esta Ley ha tenido en términos del progreso, promoción y defensa de los derechos de los bolivianos más jóvenes. 

En Noviembre pasado celebramos veinte años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Dicha Convención, reconocida como el instrumento de derechos humanos más universal, se fundamenta en la doctrina de la protección integral, que reconoce a los niños como sujetos de derecho,  les otorga el ejercicio paulatino de la ciudadanía y promueve el principio del interés superior del niño en toda decisión social, política, económica y familiar.  Diez años después, nace la Ley 2026, inspirada plenamente en los principios de la Convención, y que representa un importante hito en la práctica universal de derechos en Bolivia, pues por primera vez y a partir del nacimiento de esta herramienta, se asignaron responsabilidades compartidas al Estado y Sociedad Civil para la vigilancia y cumplimiento de  los derechos de este segmento poblacional tan importante como olvidado pues todavía millones de niños, niñas y adolescentes en Bolivia sufren de privaciones básicas y vulneraciones de sus derechos.

Se instituyeron instancias de gobierno y entidades normativas encargadas de asuntos de protección de la niñez en los niveles nacional, departamental y municipal. Tal es el caso de las Defensorías y las Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia, que obran hoy como las entidades primarias en la   protección y cumplimiento de los derechos del niño/a y adolescente. Éstas también intervienen como instancias técnicas en la representación legal de adolescentes infractores ante estrados judiciales y promueven de manera integral el desarrollo de programas y proyectos sostenibles de apoyo y fortalecimiento a la unidad de la familia e integración social.

Hoy, 12 de Abril, vemos la celebración del Día del Niño como una plataforma de reflexión hacia las semanas y meses próximos, en que estaremos presenciando nuevos esfuerzos encaminados a reformular el Código,  junto al desarrollo de varias otras leyes, en la Asamblea Legislativa  Plurinacional, conforme se prevé tras la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado y como seguimiento a las “Jornadas Internacionales de Reflexión-Reforma del Código Niño, Niña y Adolescente”, iniciadas en Noviembre del 2008. Vendría bien un vistazo a aquellos aspectos de dicha Ley que merecerían adecuaciones normativas y  cualitativas en términos de su puesta en práctica y de la promoción de políticas públicas en favor de la infancia. Veamos:

Subsisten previsiones sobre la protección del derecho al trabajo infantil limitada a adolescentes que hayan alcanzado los 14 años de edad y algunas excepcionalidades que facultan a niños por debajo de tal edad a desempeñarse en labores diversas. Si bien esta lógica se apoya en una visión de apoyo al sustento económico familiar, fundamental en un país donde el 37% de la población vive en extrema pobreza, resta aún balancear la defensa de tal necesidad versus el derecho de todo niño trabajador a continuar y completar su educación primaria y secundaria, como garantía mínima. Nos encontramos, además, en una coyuntura favorable de Gobierno y aliados genuinamente comprometidos a lograr la erradicación progresiva de las peores formas de trabajo infantil en el país, particularmente en las zafras de la castaña y la caña de azúcar y en la minería tradicional.

En materia de justicia penal juvenil, el sistema aún asigna responsabilidad penal a los adolescentes a partir de los 16 años de edad. En el espíritu de la Convención, y mirando al carácter socioeducativo del rol y participación de la familia en el proceso de administración de justicia a adolescentes infractores de la Ley Penal, habrá que sostener la abogacía a todo nivel sobre una nueva legislación que favorezca la desjudicialización de adolescentes y la aplicación de modalidades alternativas de sanción o medidas no privativas de libertad.

Por otro lado, el Código Niño, Niña y Adolescente aun carece de una descripción rigurosa de la diversidad intercultural del país, con visión de pluralismo, multiculturalidad y sensibilidad de género. Cobijar estas realidades en la reforma al Código resulta imprescindible.

De igual forma, el Código, si bien detalla los roles y funciones de las distintas instancias de protección, no incluye el concepto de un sistema nacional de protección integral ni la asignación presupuestaria obligatoria a las instancias de protección, particularmente las del nivel departamental y municipal.

Por encima de las consideraciones anteriores, recordemos que no hay inversión más estratégica para el desarrollo de un país que la inversión en su infancia. Invertir en la infancia ofrece recompensas en el desarrollo humano, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza y la desigualdad, entre otras. Invertir en la infancia no puede ser visto como un gasto ni como un fardo, más bien representa la base para la consolidación de una sociedad y de una nación.

En últimas, por más completa y rigurosa que pueda resultar la reforma al Código, sus nobles principios permanecerán desconocidos a no ser que el Estado reconozca la necesidad de aumentar significativamente la inversión financiera en las instituciones y personas que tienen la obligación de implementarlos.  

Cada aporte que la reforma al Código haga en este sentido representará un poderoso triunfo para nuestros niños, niñas y adolescentes a presente y futuro.

 

 

 

 

Tribuna periódico La Razón de 13 de Abril de 2010

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