UNICEF Argentina

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Panorama general de País

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Panorama general de País

© UNICEF

La República Argentina ha logrado avanzar en la vigencia de sus instituciones democráticas, fortalecidas gracias a la expansión y profundización, como política de Estado, de la vigilancia y el respeto de todo el plexo normativo de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva.

Además, el proceso de adaptación a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y a otros mandatos internacionales de derechos humanos se ha acelerado. Nuevas leyes nacionales han sido aprobadas en diversos campos de las políticas públicas, entre las cuales  destacan: la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061, la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075, la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058,  a Ley que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral N° 26.150, y la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165.

En la implementación de esta nueva institucionalidad, aún está pendiente el desafío de la atención particular que merecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas, así como la especial situación que viven las familias migrantes. 

El crecimiento económico que el país viene desarrollando desde la salida de la crisis de 2001-02, se mantiene a niveles muy elevados. El incremento de la actividad económica desde 2003 está acompañado de un proceso sostenido de aumento del empleo, con el consecuente impacto positivo en la situación de las familias.

La inversión social dirigida a niñas, niños y adolescentes aumentó a ritmo sostenido, superando los niveles previos a la crisis. El Gasto Público dirigido a la Niñez ejecutado por el gobierno nacional se incrementó alrededor del 53% entre 1995 y 2005, en términos del PIB, registrando un nivel máximo equivalente al 2,0% del producto en este último año (1) . No obstante, en el nivel provincial de gobierno, que concentra potestades funcionales claves en los servicios para la infancia y adolescencia, tras la fuerte caída experimentada en 2002, la inversión social dirigida a la niñez se mantiene relativamente estable en términos reales según los últimos datos disponibles (2004). (2)

El favorable contexto económico, jurídico e institucional por el que está atravesando el país está acompañado de una ostensible mejora en la mayoría de los indicadores sociales, pero en los sectores y regiones más vulnerables se mantienen importantes brechas relacionadas con la situación social de la población, particularmente en lo relativo a  la infancia y adolescencia. La recuperación de la situación social está ocurriendo a un ritmo menor al experimentado por la actividad económica.

El impacto desigual del crecimiento económico de las últimas decadas en diversos grupos poblacionales también ha generado nuevas formas de polaridad social en los ámbitos tanto urbanos como rurales, con segmentos  que sufren de bajo acceso y calidad de los servicios básicos de salud y educación, muy baja movilidad social  y acceso desigual a instancias de protección administrativas o juridicas. Aún está pendiente el desafío de la atención particular que merecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas, así como la especial situación que viven las familias migrantes.  En este contexto, se incrementa la vulnerabilidad de la población adolescente, que experimenta dificultades para permanecer e integrarse en forma efectiva al sistema educativo; como consecuencia, se limitan sus oportunidades laborales y proyectos a futuro, hecho que pone en evidencia la necesidad de respuestas integrales innovadoras de las políticas públicas.

Argentina enfrenta fuertes desafíos para mejorar la calidad de vida de su población, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Su Estado ha trazado metas propias y exigentes en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ha puesto en marcha un Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

(1) Dirección de Análisis del Gasto Público y Programas Sociales. MECON

(2) Vale la pena señalar que en diciembre de 2005 fue sancionada la  Ley de Financiamiento Educativo (26.075), que establece un iincremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma progresiva, hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6% en el Producto Bruto Interno.

 

 

 

 

 

 

ODM

En septiembre de 2000, los jefes de Estado y de Gobierno de 189 países, entre ellos Argentina, adquirieron el compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015. UNICEF Argentina prioriza la colaboración con este esfuerzo, que pretende alcanzar un mundo sin pobreza, donde todas las ciudadanas y todos los ciudadanos tengan acceso a la educación, a la salud, a la igualdad y a un entorno sostenible, con pleno respeto de los derechos humanos.


ODM y pobreza

El conjunto de los ODM contribuye a la reducción de la pobreza concebida en sus múltiples dimensionses. El reto planteado por el ODM 1 para 2015 es reducir el porcentaje de hogares pobres (en términos de ingresos) a menos del 20% y erradicar la indigencia. La tendencia de reducción de la pobreza registrada muestra que podría lograrse la meta establecida; no así la relativa a la eliminación de la indigencia, cuyo ritmo de disminución debe acelerarse.

Según datos del año 2006, un 40,9% de los niños y niñas y adolescentes argentinos vive en hogares pobres y un 14,3% en hogares indigentes. En algunas provincias casi el 70% de niños menores de 18 años vive en la pobreza.


ODM y género

El ODM 3, referente a la promoción de la igualdad de género, apunta a alcanzar mayores niveles de equidad en la participación económica de la mujer y a aumentar su participación en los niveles decisorios. El indicador de ingresos mensuales para varones y mujeres muestra diferencias llamativas, ya que la media de ingresos de los varones era de $1.150, ante los $797 de las mujeres, según datos del segundo semestre de 2006. 

Además, las desigualdades de género en el hogar son condiciones propicias para favorecer la existencia de violencia en el ámbito doméstico, que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños, y que sostiene estereotipos basados en la discriminación.


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