UNICEF Argentina

Introducción

Panorama general de País

Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Datos sobre Infancia en Argentina

Embajadores de Buena Voluntad

Oportunidades laborales Argentina

 

Panorama general de País

© UNICEF

La República Argentina ha logrado fortalecer sus instituciones democráticas gracias a la expansión y profundización, como política de Estado, de la vigilancia y el respeto de todo el marco normativo de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

El proceso de reformas del marco jurídico del país y su adaptación a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y a otros mandatos internacionales sobre derechos humanos se ha acelerado en los últimos años. Nuevas leyes nacionales han sido aprobadas en diversos campos de las políticas públicas, entre las cuales se destacan: la Ley Nacional de Protección Integral 26.061, que brinda un marco integral para otros ajustes normativos específicos y desarrollos de políticas públicas; la Ley Nacional de Educación 26.206, que define la educación como un derecho público y aumenta la educación obligatoria a trece años de estudio; la ley 25.871, que dispone la creación del Programa Nacional de Normalización de Documentación de Inmigración para facilitar a los niños, niñas y adolescentes migrantes el pleno acceso  a sus derechos como ciudadanos; la ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral; y la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado 26.165.

Cabe destacar, que la traducción de las leyes y normas nacionales inspiradas en la CIDN en cambios en las prácticas de los sistemas y servicios administrados por el Estado es un desafío especialmente significativo para el país, teniendo en cuenta además las características del sistema federal. En la implementación de esta nueva institucionalidad, aún requieren especial atención los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas, así como la especial situación que viven las familias migrantes y aquellas con niños y niñas con discapacidad.
Con posterioridad a la crisis de 2001-2002, el país atravesó un sendero de crecimiento económico acompañado por un proceso sostenido de crecimiento de empleo. La caída del PBI de más del 18% entre 1998 y 2002 fue seguida por seis años de crecimiento ininterrumpido, a un promedio de entre el 8 y 9% anual. Durante el período 2003-2007, el crecimiento económico ha permitido mejoras significativas en los indicadores sociales, aunque su impacto no ha sido el esperado de acuerdo a la performance observada en los indicadores macroeconómicos.
La recuperación socioeconómica posterior a la crisis redujo el desempleo del 21,5% (2002) al 8,5% (2007), y la pobreza del 57,5% (2002) al 26,9% (2006). Sin embargo, el impacto de la crisis internacional forzó el fin de este ciclo de crecimiento, incluso con períodos críticos durante 2008 después de más de un año de inestabilidad en los precios de los alimentos, la energía y los productos básicos, sumado a una serie de perturbaciones cuyos efectos se continúan sintiendo en el país.

En este contexto, los desafíos para alcanzar los Objetivos del Milenio y mejorar las condiciones sociales son muy significativos, sobre todo cuando se considera la situación de los sectores urbanos de mayor pobreza y de las regiones del norte del país, así como los indicadores específicos de la niñez. Existe un núcleo de población vulnerable representado por los niños discapacitados, los de familias migrantes y los de los sectores rurales marginados. En muchas comunidades indígenas, especialmente de wichis, tobas y mbyá guaraníes, el cumplimiento de los derechos del niño es, en general, especialmente bajo.

El impacto desigual del crecimiento económico de las últimas décadas en diversos grupos poblacionales también ha generado nuevas formas de polarización social en los ámbitos urbanos y rurales: en algunos segmentos no se accede a los servicios básicos de salud y educación, la movilidad social es escasa y el acceso a instancias de protección administrativas o jurídicas es desigual. En este contexto, ha venido aumentando la vulnerabilidad de la población adolescente, que tiene dificultades para permanecer e integrarse –en forma efectiva– al sistema educativo; como consecuencia, se limitan sus oportunidades laborales y sus proyectos a futuro, hecho que pone en evidencia la necesidad de respuestas integrales innovadoras de las políticas públicas que combinen mayor calidad escolar y mejor conexión entre escuela, comunidad y mundo productivo. Existen aproximadamente 720 mil jóvenes en el grupo etario de 5 a 17 años de edad que han abandonado el sistema educativo y que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad.

La inversión social total dirigida a niños, niñas y adolescente (a nivel nacional y provincial) alcanzó, en 2007, $54.839,7 millones, lo que representa el 19,1% del gasto público total a niveles nacional y provincial de gobierno; y el 31,2% del gasto público destinado a servicios sociales. Esto representa un gasto por niño equivalente a $4.481,3 anuales. Si se tiene en cuenta la inversión específica en niñez, en la actualidad representa un  4,5% del PBI, situándose en los mismos niveles de 2001, año en que representó el 4,4%. En este ámbito, los desafíos más importantes, en un contexto en el cual se ha obtenido notable expansión del acceso a servicios públicos, están centrados en una financiación adecuada que logre una mayor calidad de los servicios, con innovación y diversificación.  

Por otra parte, es notable la heterogeneidad en la inversión social en niñez entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A modo de ejemplo, en la estructura del gasto público social provincial dirigido a la niñez para 2007 el componente de salud representa un 6,5% en la provincia que menos invierte, frente a un 17,2% en la que más invierte en el sector.
En la actualidad, el debate de las políticas sociales y los sistemas de protección se está desplazando hacia aspectos más estructurales y de largo plazo. En los últimos años hubo una clara preferencia por la implementación y sostenimiento de políticas sociales que mejoraran las oportunidades laborales. Actualmente, el sistema de protección social combina programas de transferencias de ingresos con esquemas de seguridad social, algunos de naturaleza contributiva y otros de amplia cobertura, como el Seguro de Capacitación y Empleo y el Programa Familias por la Inclusión Social (Plan Familias). A estos esfuerzos se suman intervenciones más directas como los Centros Integradores Comunitarios (CIC) –gestionados por consejos comunitarios, con participación de las autoridades municipales–, y la provisión de servicios como controles básicos de salud, entrenamiento laboral, actividades sociales y guarderías.
Existe cierto consenso, en los ámbitos políticos, económicos y sociales, sobre la necesidad de construir –a futuro– un sistema de protección social sustentable y, que no esté exclusivamente ligado al empleo formal. La implementación de un único programa de transferencias de ingresos es una de las alternativas bajo análisis, aunque no hay acuerdo sobre los grados de condicionalidad y/o universalidad que este debería tener en su aplicación.

Más allá de las alternativas que se implementen, es necesario que los sistemas de protección social sean más efectivos y eficientes y que logren reducir los niveles de vulnerabilidad para amplios sectores de la población. En este marco, no se observa una insuficiencia de recursos para lograr los objetivos de inclusión y equidad. A modo de referencia, la participación del gasto público social  consolidado (Nación, Provincias y Municipios) se mantuvo en valores cercanos a 21% del PBI a lo largo del período 2003-2007, incluidos, entre otros, los gastos en educación, salud y promoción y asistencia social. En particular en el año 2007 cerca del 11% del PBI se invirtió en programas de transferencias de ingresos, incluyendo las prestaciones previsionales contributivas, que abarcan el 80% de ese gasto. 

Argentina enfrenta grandes desafíos para mejorar la calidad de vida de su población, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Su Estado ha trazado metas propias y exigentes en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y ha puesto en marcha una nueva organización institucional para la infancia a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que nuclea a las máximas autoridades sobre niñez de cada provincia. El Consejo ha logrado aumentar el nivel de jerarquía en el tratamiento de los problemas de la infancia a nivel provincial, definiendo políticas nacionales con alcance provincial y implementando, junto a la SENNAF, el Plan Nacional de Acción por la Niñez y la Adolescencia 2008/2011 con proyección a 2016 que incluye la paulatina implementación de un conjunto de medidas destinadas al cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país.

 

 

 

 

 

ODM

En septiembre de 2000, los jefes de Estado y de Gobierno de 189 países, entre ellos Argentina, adquirieron el compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015. UNICEF Argentina prioriza la colaboración con este esfuerzo, que pretende alcanzar un mundo sin pobreza, donde todas las ciudadanas y todos los ciudadanos tengan acceso a la educación, a la salud, a la igualdad y a un entorno sostenible, con pleno respeto de los derechos humanos.


ODM y pobreza

El conjunto de los ODM contribuye a la reducción de la pobreza concebida en sus múltiples dimensionses. El reto planteado por el ODM 1 para 2015 es reducir el porcentaje de hogares pobres (en términos de ingresos) a menos del 20% y erradicar la indigencia. La tendencia de reducción de la pobreza registrada muestra que podría lograrse la meta establecida; no así la relativa a la eliminación de la indigencia, cuyo ritmo de disminución debe acelerarse.

Según datos del año 2006, un 40,9% de los niños y niñas y adolescentes argentinos vive en hogares pobres y un 14,3% en hogares indigentes. En algunas provincias casi el 70% de niños menores de 18 años vive en la pobreza.


ODM y género

El ODM 3, referente a la promoción de la igualdad de género, apunta a alcanzar mayores niveles de equidad en la participación económica de la mujer y a aumentar su participación en los niveles decisorios. El indicador de ingresos mensuales para varones y mujeres muestra diferencias llamativas, ya que la media de ingresos de los varones era de $1.150, ante los $797 de las mujeres, según datos del segundo semestre de 2006. 

Además, las desigualdades de género en el hogar son condiciones propicias para favorecer la existencia de violencia en el ámbito doméstico, que afecta principalmente a mujeres, niñas y niños, y que sostiene estereotipos basados en la discriminación.


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