Los Derechos Humanos de los Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal Juvenil
El Ministerio de Desarrollo Social y UNICEF presentaron un estudio sobre el sistema de justicia penal juvenil que ayudará a mejorar los procesos de transformación normativa, institucional y cultural para la defensa de los derechos humanos de los adolescentes en general, y de los adolescentes en conflicto con la ley penal en particular a nivel provincial y nacional.
El ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de su secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia(SENNAF), junto al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia(UNICEF) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, presentaron hoy el estudio Adolescentes en el sistema penal. Situación actual y propuestas para un proceso de transformación, con el objetivo de lograr una mejor protección de los derechos y garantías de los adolescentes, y una adecuación del sistema de justicia penal juvenil a los principios constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos.
Del acto, llevado a cabo esta tarde en la Jefatura de Gabinete de Ministros, tomaron parte la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, la secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Paola Vessvessián, el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, el director Nacional de Adolescentes Infractores a la Ley Penal, Gustavo Piantino, el Coordinador de Programas de UNICEF en Argentina, Ennio Cufino, y la Especialista en Protección de derechos de UNICEF, Gimol Pinto, además de las autoridades provinciales en la materia.
La publicación describe la situación de los adolescentes infractores y presuntos infractores de la ley penal incluídos en dispositivos penales juveniles del país, con datos estadísticos de la cantidad y características de los adolescentes, tipos de delitos que se les imputan y su acceso a los derechos. Además, el informe refleja los distintos programas y establecimientos en los que se encuentran los jóvenes, sus dependencias institucionales y regímenes actuales, así como cantidad y funciones del personal a cargo.
En este marco, la ministra Alicia Kirchner expresó que “hoy presentamos un trabajo serio y participativo, que se va a transformar en una llave para seguir fortaleciendo las políticas de niñez, adolescencia y familia”, y agregó que “desde que creamos el Consejo Federal las políticas de niñez llegan a todas las provincias, porque abrimos los caminos para que se hagan efectivas políticas federales, no solo para la Capital”.
La titular de la cartera social aseguró que “ con esta presentación interpelamos nuestro trabajo como Estado en el territorio, sin poner excusas. Tiene que ver con una política de derechos y equidad territorial que debe ser aplicado a las políticas de infancia, integrando también todo lo referido a la justicia penal juvenil”.
Para finalizar, Kirchner sostuvo que “estamos avanzando firmemente, día a día, en políticas de niñez desde un Estado articulador, presente, promotor y con una mirada territorial, porque las realidades son diferentes en todo nuestro país. Ahora vamos por una red de intervención integral y representativa, nunca esquivamos los desafíos”, concluyó la ministra.Por su parte, Ennio Cufino, Representante Adjunto de UNICEF, destacó “creemos firmemente que tan necesaria como una nueva y mejor legislación es la transformación del sistema de Justicia penal Juvenil, de las diversas prácticas, los servicios, las instituciones y de las políticas acordes a la Convención de los Derechos del Niño”, asimismo sostuvo, “constituye un desafío fundamentak profundizar la especialización del sistema y la generación de ofertas de programas alternativos para la inclusión social de los adolescentes en conflicto con la ley penal.”
Cabe destacar que por primera vez en el país, se construye una política pública nacional, progresiva, destinada a las personas menores de 18 años que hayan cometido delitos o que se encuentran acusadas de haberlo hecho. En este marco se comienzan a delinear propuestas relativas a la reformulación de la intervención por parte de los poderes administradores, la redefinición de los dispositivos penales juveniles, y la necesidad de contar con programas y prácticas que constituyan verdaderas alternativas a la medida de encierro.
Dejando atrás casi un siglo de patronato (ley Nº 10.903) en políticas de infancia con la sanción de la Ley Nº 26.061, constituyendo un Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y poniendo en práctica el Plan Nacional de Acción, el Estado busca consolidar un profundo proceso de cambio normativo, institucional, político y cultural en el que ha definido como prioridad mejorar la calidad de vida de los adolescentes, basado en la promoción y protección de sus derechos.
Datos destacados del estudio:
• El estudio relevó los casos de 6294 adolescentes y jóvenes de todo el país que se encuentran incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial, de los cuales 1799 (29%) se encuentran en establecimientos de privación de la libertad cerrados o semi-cerrados, y el 71% restante en programas no privativos de la libertad.
• De los 119 establecimientos de privación de la libertad que existen, 39 de ellos (33%) no son especializados para adolescentes, sino que permiten el encierro (mayor a 72 horas) en comisarías (21%) o en servicios penitenciarios de adultos (12%), en contradicción con la CDN y la Ley Nacional de Protección.
• Existen 25 programas no privativos de la libertad de acompañamiento para la población adolescente infractora o presunta infractora a la ley penal, pero en su mayoría se trata de programas no especializados en la temática, 9 provincias cuentan con un programa específico, tipo programa de libertad asistida o similar.
• En relación al acceso a derechos en establecimientos, se centran los grandes desafíos del sistema: garantizar el pleno acceso a la educación con mayor cantidad y calidad educativa, formación para el empleo, acceso a salud y tratamiento, etc.
• La tipología de los delitos que dan origen al ingreso a establecimientos es un dato difícil de analizar y hay bastante faltante de información (25%). De todas formas, se puede ver que el 70% de las entradas está relacionada con delitos contra la propiedad, siendo su número más importante la modalidad “sin armas” (38%).
• En el tiempo de permanencia en institutos, se destaca un 29% entre 1 a 4 meses, un 15% menos de 1 mes, otro 15% entre 7 meses y 1 año, y un 9% entre 4 y 6 meses.
• 81% de la población en establecimientos tiene entre 16 y 18 años, frente al 18% menor a 16 años (se excluye S/D).
• La población de adolescentes mujeres en establecimientos es del 8% y del 17% en programas. Los varones forman el 90% de la población en establecimientos, y el 60% en los programas.
• La ausencia de datos en relación a la población en programas no privativos de la libertad es un dato en sí mismo. En relación al género, la población atendida masculina-femenina es 17%-61% con un faltante de 22%. En relación a la edad, el 28% tiene entre 16 y 18 años, el 7% menos de 16 años, con un faltante de 63% de datos.
Para mayor información:
SENNAF / Ministerio de Desarrollo Social
Prensa
Tel: (011) 4379-3072
www.desarrollosocial.gov.ar
UNICEF Argentina:
Paula A. Chinellato.
Oficial de Prensa.
Cel: 15-5745-2824 / Tel: 5093-7100 i.144
pchinellato@unicef.org
María José Ravalli.
Responsable de Comunicación
Tel: 5093-7100 int.154
mjravalli@unicef.org
