La niñez y la adolescencia

Introducción

Derecho a la Educación

Derecho a la Salud y a la Nutrición

Derecho a la Protección Especial

Derecho a la Participación

Derecho a la Identidad

 

Derecho a la Protección Especial

© UNICEF

Todos los niños, niñas y adolescentes necesitan protección. Hay quienes, por circunstancias especiales, necesitan mayor contención y apoyo que otros,  y el Estado y la sociedad deben brindar una atención especial. Cuando se piensa en la “protección especial”, conforme la CDN  se está refiriendo a aquellas personas que tienen menos de 18 años de edad, que pueden tener sus derechos fundamentales fuertemente amenazados o abiertamente violados de diversas maneras. Son circunstancias o hechos especiales que demandarán medidas especiales de protección para equiparar en el cumplimiento de derechos a todos los niños y niñas, además del ejercicio y cumplimiento de las políticas públicas universales con énfasis en la prevención y la detección oportuna y precoz.

En este sentido, la erradicación del trabajo infantil como una estrategia de protección cobra destaque, por el elevado número de niños, niñas y adolescentes que involucra. Este tema se está en directa relación con el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 3 de Argentina, relativo a la promoción del trabajo decente y en el que se establece la meta concreta de erradicar el trabajo infantil.

Esta problemática ha sido analizada en cinco provincias de las subregiones del Noroeste Argentino (NOA), Noreste Argentino (NEA), Cuyo y Gran Buenos Aires, y donde se observa una mayor incidencia del trabajo en niños, niñas y adolescentes en ámbitos rurales: el 8% de los niños y niñas de 5 a 13 años trabaja en el área rural, frente al 6,4% que lo hace en ámbitos urbanos (EANNA, MTESS, INDEC y OIT, 2005-2006). Estos índices se incrementan para los adolescentes entre 14 y 17 años: uno de cada cinco adolescentes trabaja, alcanzando el 35,1% en el ámbito rural.

La inserción laboral temprana vulnera varios derechos, perpetúa el ciclo estructural de pobreza de los niños y sus familias y, fundamentalmente, tensiona el cumplimiento efectivo del derecho a una educación de calidad, ya que las trayectorias y el rendimiento educativo de los niños, niñas y adolescentes que trabajan se ven afectadas en mayor proporción que aquellos que no lo hacen. Varios datos son los que dan muestra de esa realidad: entre los niños y niñas entre 5 y 13 años que trabajan, el 30% repitió; y el 12,6% repitió más de una vez frente al 3% de los niños y niñas que no trabajan en la misma franja de edad (EANNA, MTESS, INDEC y OIT, 2005-2006). En el caso de los adolescentes entre 14 y 17 años, un 25% de los que trabajan no asiste a la escuela, mientras que en las zonas rurales la proporción asciende al 62%. Al mismo tiempo, el 43% de los adolescentes que trabajan cuenta con historias de repitencia, frente al 26% de aquellos que no trabajan (EANNA, MTESS, INDEC y OIT, 2005-2006).

Para hacer frente a esta situación, cabe señalar la existencia del Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, que supone una oportunidad para la articulación intersectorial e interjurisdiccional, bajo la coordinación de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI), y que se complementa con comisiones provinciales respectivas en la mayoría de las jurisdicciones. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, además, ha establecido un observatorio de trabajo infantil encargado del monitoreo y evaluación de la problemática.

Además del trabajo infantil, hay otras situaciones que presentan grandes desafíos como es la inmigración. El país cuenta con una importante población de inmigrantes (principalmente de países de la región) que sufren diversas formas de explotación, discriminación y violencia. Una de esas modalidades es la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual. Si bien este fenómeno, por el momento, tiene características internas, también se han identificado casos de trata internacional, y en general, éstos involucran a inmigrantes de países limítrofes (Estudio exploratorio, OIM, 2006). En este sentido, la iniciativa Niñ@Sur del MERCOSUR, liderada en Argentina por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, implica un desafío para la articulación, coordinación y cooperación entre los países alrededor de estas problemáticas, que exceden las fronteras nacionales.

Respecto del derecho a crecer y desarrollarse en familia, a fin de 2005 (con anterioridad anterior a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección Integral) se identificaron cerca de 20.000 niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar e institucionalizados en todo el país, en un estudio que mostró el gran desafío de la nueva Ley para la superación de la prevaleciente aplicación de esta medida (Secretaría de Derechos Humanos y UNICEF, 2006). Si bien aun persisten diversos retos y algunas resistencias, se puede señalar que Argentina ha avanzado fuertemente en incorporar la promoción de los sistemas de protección de derechos en el ámbito local y el desafío de la desinstitucionalización como ejes de las acciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.

Al hablar de la familia, también se debe hacer mención a las situaciones de la violencia intrafamiliar. La invisibilidad de este fenómeno tiene como correlato en las dificultades  existentes para poder avanzar en datos sistematizados, compilados y disponibles para todo el país respecto de mujeres, niños y adolescentes víctimas de violencia, junto a las diferencias para la atención, tratamiento y acceso a la justicia que existen en las distintas provincias. Varios datos de la Ciudad de Buenos Aires son ilustrativos: el 56% de las distintas formas de violencia contra niños y niñas reportadas es ejercida por algún miembro de la familia con la que el niño convive, y en su mayor parte, se trata de violencia física (63%) y maltrato emocional como violencia secundaria (78%) (Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006). Es importante resaltar que la mayor parte de las provincias cuentan con leyes especiales contra la violencia familiar, aunque la implementación de sus mecanismos aun está en proceso. En este punto, es muy importante resaltar la iniciativa de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzará en el desafío de conciliar en la práctica la letra de las normas para la protección de las víctimas y su implementación efectiva.

Finalmente, se hará mención a otra situación que demanda protección especial: los adolescentes en conflicto con la ley penal. En este sentido, la Ley Nacional de Protección Integral avanzó en un reconocimiento normativo substancial de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en términos de sus derechos fundamentales y garantías en el ámbito administrativo y judicial. Sin embargo, aun queda pendiente la reforma del sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño (CDN).

Si bien no existen datos judiciales a nivel nacional compilados y sistematizados, las estadísticas judiciales del año 2005 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación permiten señalar que en su mayoría, los delitos juzgados con adolescentes imputados son contra la propiedad (84,7%), y sólo el 2,8% de los delitos resueltos es contra las personas. Sin embargo, al momento de las condenas, un 38% de los  casos juzgados han obtenido sentencia de responsabilidad penal con la posibilidad de recibir sanciones de igual tenor (privativas de la libertad) que las previstas para los adultos, derivado de la ausencia de un sistema de justicia penal especial conforme a la CDN que proponga sanciones distintas de las privativas de la libertad. A nivel nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia está  trabajando para la aplicación directa de los estándares constitucionales e internacionales sobre justicia juvenil en los sistemas de intervención en las distintas jurisdicciones provinciales, lo que implica un mejoramiento de los sistemas a nivel territorial, lo que implica un mejor reconocimiento de los derechos y garantías de los adolescentes en conflicto con la ley penal

 

 

 

 

La CDN y el derecho a la protección especial

En la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) son varios los artículos referidos a la protección especial, así como a las situaciones de vulnerabilidad y violaciones de derechos que demandan la misma.

Se mencionarán sólo algunos de ellos, como el artículo 32 referido al “derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación (…)”  o el artículo 34 que señala que “los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales”.

Además, el artículo 37 indica que los países velarán porque “ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” y el artículo 40 refiere que los “Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes”.


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